La corrupción por debajo del AGUA

Si usted tiene un hijo el próximo año, cuando éste cumpla su primera década de vida, podría ser parte de los millones de mexicanos a los que les toque tener que luchar, además, por algo tan elemental como el agua.

El Instituto de Geografía de la UNAM calcula que en 10 años seremos el noveno país más poblado del mundo, con 137 millones de habitantes, entre asentamientos urbanos desordenados, la degradación de las cuencas, la sobreexplotación de los acuíferos y las sequías.

De acuerdo al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en México un 10% de la población hoy no tiene acceso a agua potable, es decir, cerca de 13 millones de personas; y quienes sí tienen acceso al recurso, el 30% no lo recibe con buena calidad.

Desde febrero de 2012 se reformó el artículo 4 de la Constitución para reconocer como un derecho el acceso al agua y se estableció un plazo de 360 días para que el Congreso emitiera una Ley General de Aguas.

¿Dónde está dicha ley? ¿Por qué ha sido tan difícil elaborarla? ¿Qué lo impide?… La respuesta a la última pregunta puede estar en una sola palabra: Corrupción.

La Red del Agua UNAM informó en julio pasado que la corrupción en los servicios de agua potable en México ocurren en cada una de las etapas de la cadena de provisión del servicio y se estima que entre el 21% y 30% de los recursos destinados a este subsector se pierden por esta razón.

[caption id="attachment_1023742" align="alignnone" width="696"] Habitantes de Iztapalapa recolectan agua en cubetas, en noviembre pasado.[/caption]

Las pérdidas van de 7.3 mmdp, a 104 mil millones de pesos anuales, que afectan además aquellas inversiones para mantenimiento, reparación y nueva infraestructura.

El documento de la Universidad señala que las “mordidas” de los usuarios son frecuentes (22 por ciento) para recibir un trato preferencial, modificar el recibo de pago, e incluso para contar con la instalación de una o varias conexiones del servicio, pero esto es sólo un eslabón de la cadena de irregularidades.

Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas, presentó esta semana el informe “Corrupción en el sector del agua: ¿quién es responsable de la crisis?”, que arroja entre otros datos, que entre 2012 y 2018 la Conagua detectó 2,280 tomas clandestinas de agua en territorio nacional, de las que en una de cada dos, el líquido está contaminado.

La investigación que emite varias recomendaciones, señala entre otras, que en uno de cada dos acuíferos las autoridades desconocen si los aprovechamientos respetan los límites de la extracción; advierte también que en el sexenio anterior, el presupuesto para la Conagua se redujo un 53% y se otorgaron al menos 77 concesiones en acuíferos secos que no deberían ser explotados.

Se identificaron únicamente a 149 inspectores para detectar malas prácticas en todo el país, lo que disminuye considerablemente las probabilidades para detectarlas, además de que las sanciones resultan poco severas.

Otro de los focos rojos señalados por Ethos, son los Organismos Operadores de Agua quienes se encargan de abastecerla, aunque la mayoría son públicos, su manejo se advierte nuevamente de carácter “discrecional”…

El rubro de Obras no se queda atrás y la corrupción actúa tapándose los ojos frente a empresas que no cumplen con los requerimientos de cuidado y correcto tratamiento del agua.

El estudio de Ethos revela que en 2016 una planta en Baja California Sur ejerció cerca del 90% de 5.7 millones de pesos aprobados para colocar un sistema que evitara la filtración de líquidos y sólidos, el cual nunca se colocó.

La falta de información es la cereza podrida de este pastel, pues de acuerdo al laboratorio de Políticas Públicas, las dependencias involucradas en el sector hídrico como Conagua, Semarnat, Profepa o los Organismos Operadores que en tantas faltas incurren, son omisas en generar y publicar información relevante.

La transparencia en este sector es prácticamente un acto “voluntario” en el que al parecer se pierden infinidad de datos reveladores sobre la corrupción que termina afectando al más débil de la cadena: el ciudadano promedio.

Hoy, 15 entidades entre las que se encuentra la Ciudad de México, se aproximan peligrosamente al llamado Día Cero, colocando a nuestro país como el segundo en América Latina con mayor índice de estrés hídrico.

Más allá de factores climáticos y demográficos, de nuevo el más poderoso resulta ser la corrupción, que en este país ya ha contaminado también hasta nuestro líquido más vital.