Los legisladores bajacalifornianos indolentes hasta con las niñas…

Los legisladores bajacalifornianos indolentes hasta con las niñas…
Por:
  • monica-garza

En Baja California los derechos de los ciudadanos están siendo atropellados y no es una exageración decirlo, cuando casi en secreto, como se reúnen los que tienen algo que esconder, 15 diputados locales ratificaron la decisión de modificar la Constitución del estado para ampliar el mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla, de 2 a 5 años.

Este hecho es un atentado en contra de la voluntad de los bajacalifornianos que en junio pasado votaron por un representante que cubriera un periodo de 2 años y hoy su congreso les está faltando al respeto.

Cabe recordar que desde el inicio del pasado proceso electoral, hubo 2 intentos del futuro mandatario local por extender el tiempo de gobierno, pero el TEPJF dejó claro el 29 de mayo —4 días antes de la elección— que se votaría por un par de años, no por un lustro.

El hecho está violentando la reforma hecha en 2014 cuando se aprobó este “miniperiodo” de gobierno para quien resultara ganador en las elecciones de 2019 y de forma excepcional, para lograr empatar los comicios locales con las elecciones federales de 2021. La ley es clara y debe cumplirse.

Ante el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya declarado improcedentes las controversias presentadas por los alcaldes de Mexicali y Tijuana, por haberlo hecho sobre una ley no publicada aún, queda claro entonces que es sólo una cuestión de tiempo, para volver a presentar dichas controversias con todas las posibilidades de prosperar, si de actuar en el marco estricto de la legalidad se trata, como afirman los expertos.

Lo que sorprendió fue la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien prácticamente se desmarcó del tema, cuando era de esperarse que fuera precisamente el primer mandatario de este país, el primero en pronunciarse en contra de cualquier posible violación a la constitución y a la voluntad de los ciudadanos.

Empezando porque es él, de acuerdo a lo que marca la ley, uno de los que puede promover una acción de inconstitucionalidad, a través de su consejero jurídico.

La realidad es que la nueva legislatura del congreso de Baja California, con mayoría del PAN, no es la primera vez que prueba ser indolente y omisa con temas de primordial importancia.

Y me detengo particularmente en el asunto del matrimonio infantil y adolescente en la entidad, el cual no se han atrevido a abordar.

[caption id="attachment_969959" align="alignnone" width="696"] Jaime Bonilla (al centro), el pasado 2 de junio. Foto: Cuartoscuro[/caption]

¿Qué se puede esperar entonces de unos legisladores que ni siquiera se detienen a velar por los derechos de los más vulnerables que son los niños?

El 4 de junio pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto de reforma al Artículo 148 y otros del Código Civil Federal, para prohibir el matrimonio infantil en todo el país… excepto Baja California.

Ésta es la única de las 32 entidades de México que conserva excepciones y dispensas en sus leyes estatales que permiten uniones entre menores de edad.

En marzo, la SCJN avaló la prohibición absoluta del matrimonio infantil y con ello, Baja California debe atender la urgencia de que su legislación local armonice con la federal.

El matrimonio en menores de edad es muchas veces un acto en consecuencia de embarazos en niñas y adolescentes, otro gran problema que enfrenta Baja California.

Sólo en 2018 la Secretaría de Salud estimó que en Baja California el 30% de los embarazos eran en adolescentes.

El Hospital Materno Infantil en Mexicali contabilizó 3 mil 256 nacimientos de enero a agosto, de los cuales fueron de niñas de 10 a 14 años; 1,070 bebés nacieron de jóvenes de 15 a 19 años de edad.

Hasta finales del año 2017 la Secretaría de Salud confirmó que cinco adolescentes menores de 19 años fallecieron tras un embarazo en ese año.

Aunado a esto está la deserción escolar, donde el 11.8% de las adolescentes abandonan la escuela debido a un embarazo no deseado y el 41% de las mujeres embarazadas deja la escuela; sólo una de cada cinco regresa después de su embarazo.

Mientras existan vacíos legales de esta naturaleza, no hay resguardo para las y los ciudadanas más jóvenes, y no vaya a ser que por no estar en edad de votar, le importan menos a los legisladores.

Lo irónico es que aquellos que sí votan, tampoco son tomado en cuenta en Baja California, marcando un precedente indiscutiblemente peligroso para el resto de las entidades en México, en el ejercicio de la democracia.