Matrimonio igualitario en AL

El FCE y el CIDE acaban de publicar el libro: La política del matrimonio gay en América Latina. Según su autor, Jordi Díez, el objetivo de la obra reside en esclarecer la disparidad que existe entre los derechos de gays y lesbianas en el subcontinente.

El libro le hace eco a quienes consideran que las minorías sexuales adquieren ciudadanía plena no sólo cuando aseguran derechos negativos (despenalización de  relaciones sexuales; la no discriminación basada en orientación sexual), sino, también, cuando obtienen el reconocimiento legal y social del Estado. De ahí que sostenga que el matrimonio entre personas del mismo sexo esté íntimamente relacionado con el debate sobre las implicaciones de democracia y ciudadanía.

El estudio se concentra en tres países: Argentina, México y Chile. Argentina aprobó el matrimonio igualitario a nivel nacional en 2010. Ese mismo año, la Suprema Corte ratificó en nuestro país el reconocimiento hecho a través de las reformas al Código Civil del Distrito Federal. Mientras tanto, en Chile, la unión entre personas del mismo sexo todavía carece de validez ante la ley.

Buscando explicar la disparidad de las políticas emprendidas en estos países respecto a la legalización de las uniones gay, Díez considera que las variaciones obedecen a la interacción entre tres variables. La primera se refiere a la habilidad y disposición de los activistas para formar coaliciones y redes con otros actores políticos, estatales y no estatales. La segunda está ligada al tipo de acceso al proceso de elaboración de políticas públicas, mismo que está condicionado al arreglo institucional propio de cada país. La última variable tiene que ver con la formulación de las exigencias, de modo que puedan articularse en debates sociales de mayor escala.

Conforme a lo anterior, las uniones entre personas del mismo sexo han sido reconocidas por la perseverancia y visión que tuvieron algunas personas para proponer sociedades más equitativas mediante la ampliación de los derechos de las minorías sexuales. Pero el activismo no es suficiente. Debe ubicarse en un contexto estructural. El matrimonio igualitario ha tenido lugar en aquellos países donde las instituciones políticas le han permitido el acceso a los defensores de los derechos de los homosexuales, de modo que los opositores no han podido ejercer un veto, formal o informal, que les permita bloquear la agenda de los activistas. La labor de los activistas y sus aliados fue exitosa en la medida en que sus demandas se articularon para coincidir con los intereses del resto de la sociedad, convenciendo a los responsables de la toma de decisiones de la justeza de su agenda. De ahí que el tipo de transición democrática por la que pasaron estos países esté fuertemente ligado con la renegociación de los derechos de la ciudadanía.

Quienes estén familiarizados con el caso mexicano, encontrarán de gran utilidad el libro. No sólo por la manera como Díez analiza la interacción entre las tres variables en nuestro país, sino, también, por el contraste con los casos argentino y chileno.