Democracia con desaparecidos

El 6 de enero la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas emitió un informe sobre el número de personas desaparecidas en el país. Las cifras divulgadas son inquietantes. Entre la década de los 60 del siglo pasado y 2019, se tiene registrada la desaparición de 61 mil 637 personas. Esta cifra incluye tanto desapariciones forzadas (en las que interviene algún servidor público) como las cometidas por particulares.

La desaparición forzada de personas es un delito diseñado para prohibir lo ocurrido en sociedades con gobiernos autoritarios, resultado de golpes de estado, que practicaron una política deliberada de eliminación física de sus opositores políticos. Estos hechos tuvieron lugar principalmente entre los 60 y 80 del siglo pasado, particularmente en países de América del Sur. La rendición de cuentas sobre estas atrocidades fue el resultado de transiciones democráticas que, con diferentes características y modalidades, permitieron juzgar a los responsables.

La situación de México difiere radicalmente de las experiencias ocurridas en otros países. El informe de la Comisión Nacional muestra que 97.4 por ciento de las desapariciones tuvo lugar entre 2006 y el año pasado. De esta circunstancia se derivan varias observaciones. Mientras en Argentina, Brasil o Chile, casi todas las desapariciones ocurrieron durante el último tercio del siglo XX, la mayoría de las desapariciones de aquí son un fenómeno presente. Sólo 2.57 por ciento de los casos ocurrió mientras el país vivió bajo un régimen de tendencias autoritarias. Esto significa que, a diferencia de la eliminación física de opositores realizada por regímenes dictatoriales, el caso de México presenta una paradoja: estamos en presencia de una democracia con desaparecidos.

Si las desapariciones no tienen un móvil originado en la lucha por el poder político, es necesario encontrar una explicación alternativa. La respuesta está en la violencia realizada por grupos de la delincuencia, particularmente aquellos relacionados con el tráfico de estupefacientes. La revisión de lo ocurrido en el poblado de Allende (Coahuila), en marzo de 2011, muestra el modus operandi de los narcotraficantes. Como consecuencia de un ajuste de cuentas interno, integrantes de Los Zetas ocuparon la localidad durante tres días, secuestrando y desapareciendo a más de 40 personas. La delincuencia actuó con impunidad pues contó con la complicidad de la policía local.

La ley general que regula la desaparición de personas distingue entre la forzada, cuya configuración como delito requiere de la participación de algún servidor público (ya sea municipal, estatal o federal), de la cometida por particulares. Esta caracterización resulta insuficiente para enfrentar nuestra realidad. El ejemplo de Allende muestra que el proceder de los narcotraficantes tiene un origen económico, no político. Pero no sólo eso. Es importante que en la ley pueda distinguirse entre una intervención de la autoridad pública cuando sea resultado de una directiva gubernamental y cuando su origen esté en la corrupción. No es lo mismo que un elemento policial desaparezca una persona o encubra su desaparición siguiendo órdenes de su jefe a que lo haga como consecuencia de un soborno ofrecido por un delincuente.