El nuevo Consejo

La creación del Consejo de la Judicatura Federal buscaba, entre otros propósitos, establecer criterios para que la carrera judicial estuviera basada en méritos, no en compadrazgos.

Para evitar que los ministros nombraran a sus recomendados como jueces y magistrados (práctica común hasta antes de la reforma constitucional de 1994), no sólo les fueron arrebatadas esas atribuciones, sino que fueron transferidas a un órgano integrado pluralmente. Se pensaba que una integración en la que intervinieran los tres Poderes garantizaría dejar atrás las prácticas clientelistas. Lamentablemente no ha sido así.

Observemos, por ejemplo, la conformación del Consejo previo. De sus siete miembros, únicamente Felipe Borrego era ajeno a la carrera judicial federal. Al ministro Luis María Aguilar y a los magistrados nombrados por la Corte: Jorge Cruz, Rosa E. González y José Tafoya, tendríamos que considerar que María del Carmen Hernández (nombrada por el Presidente) era magistrada de Circuito y Alfonso Pérez (propuesto por el Senado) había sido secretario de órganos jurisdiccionales. Dado que seis de los siete miembros presentaban fuertes nexos con la carrera judicial federal, no extraña que las medidas para combatir al nepotismo en los órganos jurisdiccionales hayan sido prácticamente nulas.

El 28 de noviembre quedó conformado en su totalidad el nuevo Consejo. Ese día hubo dos designaciones. El Presidente de la República nombró a Bernardo Bátiz y la Corte, al magistrado Sergio Molina. Una semana antes, el Senado había determinado que Verónica de Gyves y Loreta Ortiz Ahlf se integraran al órgano colegiado. Las nuevas consejeras recibieron 94 y 95 votos favorables, respectivamente, muchos más de la mayoría simple requerida. Los cuatro nuevos consejeros ejercerán sus cargos durante los próximos cinco años. Les corresponderá hacer equipo con el ministro Arturo Zaldívar, quien preside el Consejo, así como con los magistrados Jorge Cruz y Sergio González, este último nombrado por la Corte en febrero de 2019.

Si bien en términos de paridad de género, la proporción entre el anterior consejo y el actual se mantuvo invariable, pues consta de cinco hombres y dos mujeres, es previsible que, en lo referente a la carrera judicial, se den cambios. El hecho que las consejeras y el consejero designado por el Presidente sean ajenos a la judicatura federal ayudará a evitar la existencia de conflictos de interés. El 5 de diciembre fue anunciada la aprobación de un plan integral de combate al nepotismo basado en el fortalecimiento de las reglas para la carrera judicial, fundándola en un enfoque meritocrático. Se establecerá un padrón de relaciones familiares y se definirán los supuestos de contrataciones que generen responsabilidad administrativa. La idea es combatir la existencia de feudos familiares en los circuitos judiciales y que las adscripciones estén basadas en méritos, no en recomendaciones ni complicidades. Para que ese plan se lleve a cabo con credibilidad sería saludable que la Comisión de Carrera Judicial del Consejo sea presidida por alguno de los consejeros sin nexos previos con la judicatura federal.