¿Cuántas vidas más se disolverán con ácido?

GENTE COMO UNO

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María Elena Ríos, la joven saxofonista oaxaqueña que sigue luchando por recuperar aunque sea un poco de la salud que le fue arrebatada, luego de ser atacada con ácido el pasado 9 de septiembre, a sus 26 años ha quedado con el 90% del cuerpo dañado con heridas profundas, por no recibir atención especializada durante los tres primeros meses que permaneció en un hospital civil en la ciudad de Oaxaca.

Hoy está en el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde su estado emocional se ha ido disolviendo como ocurrió con las partes de su cuerpo que agredió un loco, y al parecer de la huella que eso ha dejado en la mente de la joven nadie se ha ocupado de la manera correcta tampoco.

“Le dicen crudamente que no va a quedar igual, que se haga a la idea, que por más medicina avanzada que exista ella no va a quedar igual”, me dijo Silvia, su hermana.

María Elena ha señalado a Juan Antonio Vera Carrizal, empresario y exdiputado local de Oaxaca, como el autor intelectual de la agresión. ¿Dónde está ahora? Nadie lo sabe.

Nadie lo ha vuelto a ver desde octubre pasado cuando se deslindó de los hechos con su lapidaria declaración:

“Si tienes un estilo de vida sano así te va, pero si tienes un estilo de vida fuera de lo normal vas a tener problemas”.

Así se expresó el hombre con quien la joven músico habría sostenido una relación sentimental que no prosperó —según lo que declara su familia— por las constantes agresiones que él ejercía, y aun terminado el vínculo, el acoso nunca cesó.

La Fiscalía de Oaxaca promete que no habrá impunidad en este caso, pero lo investiga sólo como delito de lesiones, al no existir una tipificación para lo que le ocurrió a Malena, que en realidad nadie alcanza a dimensionar.

La joven oaxaqueña ha pasado a ser parte de la estadística de la asociación Acid Survivors Trust International, que documenta 1,500 ataques con ácido en el mundo al año, de los cuales el 80% son contra mujeres.

En el 90% de los casos los atacantes son hombres, que mantenían alguna relación con la víctima, y que pudieron obtener la peligrosa sustancia con gran facilidad.

Músicos y mujeres exigen justicia para María Elena Ríos, afuera de las Oficinas Representativas de Oaxaca en la CDMX, el lunes pasado. Foto: Cuartoscuro

En sólo 5 segundos cualquier buscador en Internet enlaza al interesado con un sitio de ventas en línea donde por 100 pesos se oferta 1 litro de ácido sulfúrico, ya sea en “garrafita” o en “botella alcoholera”, dice el anuncio. Así de fácil.

20 litros se ofertan en 900 pesos, un kit que contiene 1 litro de ácido clorhídrico, 1 litro de nítrico y 3 kilos de otras sustancias cuesta 310 pesos. Y no se requiere nada más que realizar el pago.

No se solicita ningún permiso, ni documentación sobre el uso que se le dará a los químicos ¡Nada! Y los envíos se realizan a todo México.

Aunque el ácido sulfúrico es una sustancia controlada por la Organización de Naciones Unidas y se encuentra en la lista roja de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, en México sólo está regulada en cantidades mayores a los 1,500 kilos para su importación y exportación.

Así lo estableció la ley publicada por la Secretaría de Salud en 1998, pero de la venta de dicha sustancia a nivel nacional, no se dice nada.

Una muestra de las graves consecuencias que esto puede tener, es el caso de los estudiantes de cine secuestrados en Tonalá en marzo de 2018, cuyos cuerpos fueron disueltos al interior de un inmueble donde se encontraron casi 50 bidones de la sustancia. Resultó imposible rastrear su procedencia pues no quedó ningún registro de la compra.

Hace unas semanas, en la Ciudad de México se aprobaron reformas al Código Penal para castigar hasta con 12 años de cárcel a quien infrinja lesiones con sustancias corrosivas, la sanción aumentará cuando el ataque sea por razones de género y quien las provoque tenga un lazo cercano con la víctima.

El 6 de diciembre se aprobó también en la Cámara de Diputados un nuevo tipo penal sobre las lesiones en razón de género cuyo castigo puede ser de 20 años de prisión o más cuando se usen sustancias corrosivas.

Pero la regulación sobre la venta de dichas sustancias ¿cuándo?

¿Acaso no merece elevarse este debate a nivel de urgente, cuando las cicatrices que quedan en cada víctima, serán un encierro tan cruel como el que se vive en una cárcel de concreto?

¿Cuántas más se necesitan?

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