Golpes, patadas, amparos misóginos y ¡borrón y cuenta nueva!

“Esta soy yo hace un año, después de que mi exnovio Christian Contreras Domínguez me golpeara de una manera brutal”, dice Andrea Carrillo mientras sostiene una fotografía de sí misma con el rostro inflamado y amoratado por los golpes que recibió de su novio —un karateka de origen tabasqueño— el día que ella le dijo que quería terminar con él.

Estaban en casa de ella, donde él la molió a golpes con manos, piernas, un martillo y una tabla, que le dejaron heridas en todo el cuerpo y una hospitalización de más de 15 días.

En su momento el caso cimbró a la sociedad yucateca, el delito fue clasificado como feminicidio en grado de tentativa y el agresor quedó en prisión preventiva.

Pero en diciembre pasado la defensa del agresor apeló la vinculación a proceso argumentando que si hubiera querido matarla, no la hubiera golpeado durante una hora. Sí, así, por increíble que parezca.

¿Pero qué creen? Que el argumento fue aceptado por la juez de Control del Primer Distrito Judicial, Blanca Beatriz Bonilla González, sí una mujer, quien reclasificó el delito pasándolo a “lesiones calificadas”.

El 25 de febrero pasado, el Observatorio Nacional de la Violencia publicó un video donde la joven yucateca expresó tener mucho miedo de que los jueces otorgaran a su agresor la suspensión condicional del proceso, y que lo dejaran libre sin ningún cargo. Y eso fue prácticamente lo que pasó hace unos días.

Porque otra mujer, la juez Elsy del Carmen Villanueva Segura, otorgó un amparo al agresor, pues resolvió acceder a la solicitud de la defensa del acusado para terminar el proceso penal por una “vía alterna” y suspendió de forma condicional el proceso penal contra el agresor que hoy está libre.

Parte de sus condiciones —que debe cumplir por sólo seis meses— es residir en el domicilio de sus padres; no tener ningún tipo de contacto físico, telefónico ni por medios digitales con la víctima; abstenerse de consumir estupefacientes; someterse a tratamiento psicológico y talleres de “reeducación para hombres que ejercen violencia de género”; pero también lo “obligan” a retomar en dos meses la licenciatura en mercadotecnia que cursaba, cuando casi mata a golpes y patadas a su novia de 20 años.

[caption id="attachment_1167179" align="alignnone" width="696"] Andrea Carrillo advierte de la posible liberación de su agresor, en un video publicado el 25 de febrero pasado. Foto: Especial[/caption]

Christian Contreras Domínguez hoy no puede viajar al extranjero, debe de llevar un dispositivo electrónico para monitorear la restricción de acercamiento a menos de 300 metros de su víctima, pero está libre.

Y dentro de seis meses que este agresor cumpla su plazo de libertad condicional, ¿qué va a pasar?, nada o todo. Él está libre y su víctima nuevamente al alcance.

Mientras que Andrea, sí puede haber quedado encerrada en una cárcel de estrés postraumático, y de miedo —como ella misma lo expresó— de verse nuevamente víctima de su exnovio, y hoy de un nuevo victimario: el sistema de justicia y el criterio de una juez misógina.

De acuerdo a lo publicado, la determinación se dio “sin que la víctima ni la Fiscalía se opusieran” y Andrea recibirá la cantidad de 300 mil pesos —diferidos en 6 cómodas mensualidades— como “reparación del daño”.

¿Andrea pudo oponerse a la decisión de la juez? Sí, pero no lo hizo por cansancio. Porque está agotada de ser revictimizada sistemáticamente en un proceso penal demasiado desgastante, y agredida incluso por la propia sociedad de Yucatán (4to. lugar nacional en violencia de género).

“La igualdad de género conlleva acciones que modifiquen las formas de pensar, actuar y comunicarse”, se lee en el comunicado emitido esta semana por la Secretaría de Gobernación, en el que expresa su “rechazo, denuncia, protesta y enojo” por el contenido de las letras de canciones de un tal Johnny Escutia, que se encontraban sin restricciones en diferentes plataformas digitales.

El caso se viralizó en Twitter, donde miles de personas reportaron a “El King de la Furia”, exigiendo el veto de su música, que habla explícitamente de violación sexual, feminicidio, tortura, pederastia, desaparición y otros delitos contra la mujer.

Finalmente el contenido musical fue eliminado y su autor salió —desde Alemania donde reside— a ofrecer una “disculpa”. Y fin de la historia.

“A través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, reitera el llamado a que de ninguna forma se normalicen las violencias contra las niñas y las mujeres”, dice en otro párrafo el comunicado de Gobernación.

Pero ¿cómo impedir esa normalización con casos con finales como el de Andrea Carrillo en Yucatán o el de Johnny Escutia? Ejemplos que además se repiten a diario en prácticamente cada entidad… y ¡borrón y cuenta nueva!