Más tortura, misma impunidad...

Hace seis meses (abril 2019), mencioné en este mismo espacio editorial detalles al respecto de lo que había arrojado el “Informe alternativo de las organizaciones de la sociedad civil de México al Comité contra la Tortura de la ONU, 2012-2019”.

120 organizaciones mexicanas e internacionales describieron ahí el escenario de impunidad y crisis de derechos humanos, a propósito de la práctica de la tortura en nuestro país.

Los señalamientos más duros en dicho documento apuntan a la Secretaría de la Defensa Nacional que ha participado en el 59% de los casos, seguida de la extinta Procuraduría General de la República con 1,935 casos y la Secretaría de Marina con 1,077; siendo las mujeres uno de los sectores más vulnerables.

De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional a la Población Privada de Libertad de 2017, la tortura ha estado presente a través de la violencia psicológica en un 75,6% de las personas recluidas en centros penitenciarios, y un 63,8% vivió violencia física durante el arresto.

Pues bien, de aquel reporte de hace seis meses, ni el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ni la Fiscalía General de la República se han pronunciado específicamente.

Sin embargo, la preocupación y un nuevo llamado urgente para las autoridades sobre el tema de la tortura, llegó esta semana desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que emitió nueve recomendaciones nuevas a diversas dependencias gubernamentales, por ejercer tortura contra 176 víctimas directas —muchas dentro de centros penitenciarios—, y de las que el 5 por ciento fueron contra jóvenes adolescentes.

En ese 5 por ciento que menciona el reporte de la CDHCM, destaca el caso de una jovencita que salió de su casa a vender gelatinas —porque así se ganaba la vida—, cuando un cuerpo de policía la subió a una patrulla, la golpeó y la sometió a tortura, dejándola en muy mal estado físico.

[caption id="attachment_1028650" align="alignnone" width="696"] Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el pasado 3 de octubre. Foto: Cuartoscuro[/caption]

Otro caso es el de una joven activista que acudió en busca de sus compañeros de protesta, y ese móvil bastó para que fuera sujeta a tratos inhumanos y tortura, según lo que denuncia el documento presentado por Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Así se exhibe que la acción de la tortura no sólo se da en los centros penitenciarios —como marca el grueso de las denuncias—, sino que ocurre en la propia calle, lo que puede impactar en cualquier momento a cualquier persona, a ustedes o a mí…

Y es que la práctica de la tortura en México, es tan normal como silenciosa, porque detrás de las rejas si poco se ve, menos se sabe. Pero si está filtrándose como la humedad hacia la superficie de las calles, entonces ahí sí, todos somos vulnerables.

Esto no hace más que evidenciar una vez más la falla estructural de los mecanismos de justicia del estado mexicano, porque sus operadores actúan en el marco de una organización que ha normalizado las prácticas que suponen tan graves violaciones a los derechos humanos.

México sigue ampliamente documentado como un país con los más altos niveles de impunidad. Somos el cuarto país más impune a nivel global, y con una calificación de 69.21 puntos estamos a la cabeza de las naciones impunes en América, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad México 2018 (publicado por la Universidad de las Américas Puebla).

“Necesitamos la revisión de lo que está pasando, de ¿cómo se está documentando?, hacer campañas de información tanto en los centros penitenciarios como en la Procuraduría, sobre ¿qué es la tortura? y ¿qué no deben de hacer los servidores públicos?”.. me dijo en entrevista Nashieli Ramírez quien una vez más está urgiendo a las autoridades, por un lado sobre la necesidad de romper la lógica de impunidad que sigue permitiendo la practica sistemática de la tortura en nuestro país, y por otro, a transparentar los procesos del sistema de justicia mexicano.

Las violaciones graves a derechos humanos contra periodistas, activistas y otros grupos vulnerables, para quienes la tortura y desapariciones son prácticas comunes, documentadas y señaladas por los más importantes organismos internacionales, porque en la mayoría de los casos en México quedan sin castigo.

Si bien es un asunto del debido proceso legal, también lo es del orden de la voluntad política que hoy tanto presume del combate a la corrupción, pero que de ninguna forma podrá ser posible en medio de los altos índices de impunidad (92 al 99% de los delitos cometidos) con los que aún convivimos en este país.