Oleada de amparos y controversias

A cuatro días de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla dos meses de asumir el cargo, su gobierno enfrenta una verdadera oleada de amparos y controversias constitucionales contra la desempolvada Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que ha dejado sin trabajo a miles de funcionarios y personal de distintos niveles de dependencias del Gobierno federal, instituciones bancarias y organismos autónomos.

Este día, al igual que los anteriores, centenares y miles de servidores públicos buscarán protección legal, en defensa de sus derechos laborales, al tiempo que integrantes de distintos niveles del mismo Poder Judicial de la Federación e institutos nacionales, como el Electoral, acordaron acudir a la Suprema Corte de Justicia, por los recortes presupuestales que se les impondrán.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Entre conferencias de prensa mañaneras en Palacio Nacional, de lunes a viernes –y hasta en sábado o domingo, como la semana pasada, por la tragedia en Tlahuelilpan–; giras como si siguiera en campaña electoral y reportes diarios del combate al robo de gasolina que provocó el desabasto que aún dura en el centro de la república, transcurren semanas y meses, y el obligatorio Plan Nacional de Desarrollo, que deberá regir las acciones del gobierno, sigue sin aparecer.

En el tiempo transcurrido desde que López Obrador rindió protesta ante el Congreso de la Unión, los funcionarios que supuestamente deberían estar responsabilizados de su elaboración han estado ocupados en otras tareas o parecen haberse olvidado del mismo.

Ayer domingo, por cierto, mientras el Ejecutivo federal realizaba una gira de fin de semana por varios municipios de Sinaloa, diversos contingentes morenistas realizaron una “marcha de apoyo” por enfrentar a los huachicoleros que operan a pesar de la vigilancia policiaca-militar terrestre y aérea en estados por donde cruzan los ductos de Pemex.

Éstos siguen siendo perforados para robar miles de litros de gasolina, lo mismo en Hidalgo que en Guanajuato o Veracruz, tarea que llevan a cabo durante el cierre de ductos como los de Tuxpan a Azcapotzalco o de Salamanca a León, en donde, como en Jalisco, continúa el desabasto, del que se ha quejado, cada vez con más severidad y sobrada razón, el gobernador emecista Enrique Alfaro.

El mandatario jalisciense ha sido el único que se ha atrevido a reclamar y exigir al Presidente López Obrador que se reabran los ductos que se han cerrado, para que la gasolina fluya y cese el desabasto en su estado y en otros más del Bajío, y aún en Monterey porque si bien en principio lo hiciera el de Michoacán, Silvano Aureoles, éste prefirió recular ante el otro grave problema que enfrenta, como es el bloqueo de la CNTE en vías férreas.