¿Participamos?

En 2007 acompañé —como algo más que observador— al movimiento social contra el TLC en Costa Rica. El mismo impulsaba la opción contraria —el No— a la aprobación del acuerdo comercial, que fue finalmente votado en consulta ciudadana el 7 de octubre de ese año.

Fue una explosión de creatividad que vinculó, sin contraponer, mecanismos de democracia participativa —organización comunal— y deliberativa —foros de discusión informada— con el ejercicio de democracia directa y los canales de representación política. Una oportunidad para que los expertos, las comunidades afectadas y la ciudadanía en general opinara, como debe ser, sobre los futuros posibles de su país. Todo con apego al marco legal e institucional que cobijaba el proceso.

Por esas mismas fechas la Unión Europea aprobó, con ayuda de expertos en el tema, un Código de Buenas Prácticas sobre referendos. Entre estos, destaca la igualdad en el derecho al voto: por cada elector debe corresponder un voto ejercido en secreto. Las autoridades, además, deben proporcionar información objetiva, tanto a favor como en contra de la propuesta, con la anticipación suficiente. El cómputo debe ser sujeto a escrutinio público, con total transparencia, en presencia de observadores nacionales, foráneos y medios de comunicación. Además, estipuló que un órgano imparcial debe estar a cargo de la organización del referéndum. Y que partidarios y opositores de la propuesta sujeta a votación, deben ser representados de manera igualitaria en las comisiones electorales.

En estos días, ante el caso de nuestra consulta aeroportuaria, me asaltan un conjunto de preguntas, para participantes y ausentes, para defensores y críticos. ¿No debía haberse encargado la organización del proceso a nuestro profesional —y costoso—Instituto Nacional Electoral? ¿La naturaleza de los entes convocantes —nuevo Ejecutivo electo, partido ganador, organizaciones afines— no coincide con la del árbitro de la consulta? ¿Cuando la cantidad de casillas y los lugares en los que se ubicaron las mesas no hacen demográficalmente representativa ni significativa la consulta, estamos tomando en serio la democracia participativa? ¿Qué criterio se siguió para sobrerepresentar unos estados y subrepresentar otros? ¿Se celebrarán consultas semejantes para otros megaproyectos como el del llamado Tren Maya? ¿Los opositores a la consulta —incluida una presumible mayoría de defensores del proyecto del nuevo aeropuerto— no deberían haber participado masivamente en la misma, para equilibrar sus resultados y ayudar a limitar los sesgos de este uso de un mecanismo democracia directa? ¿Quién dice que una sociedad contemporánea, con sus niveles de instrucción, el ciudadano promedio no es capaz de pronunciarse sobre asuntos complejos, máxime si estos influirán en su vida? Para cuando salga esta columna el proceso habrá terminado y las dudas en buena medida despejadas.

La democracia participativa, como promesa emancipatoria, forma parte de la agenda de los nuevos movimientos sociales y partidos políticos en el siglo XXI. Expandiendo con autonomía y pluralismo la agencia ciudadana en la consulta y toma de decisiones, sirve como complemento —nunca como sustituto— de la democracia representativa. Pero para ello debe cuidar sus formatos, so pena de devenir en mero participacionismo pleisbicitario, carente de demodiversidad. Tenemos, en adelante, seis años para probar lo contrario.