Por violencia e inseguridad, la desesperación asoma

Fase 2
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Justo el día en que el Presidente López Obrador prometió que hacia finales de año habrá resultados en materia de inseguridad, violencia e impunidad (al día siguiente comprometió el mismo plazo para que el Insabi funcione a plenitud), en el Senado ocurrió algo grave.

Acudieron el fiscal General de la República, Alejandro Gertz, el consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero a presentar nueve iniciativas de reforma a 14 artículos de la Constitución, en lo que se publicitó como una “compleja y profunda” reforma para dar respuesta a las exigencias nacionales más urgentes, sentidas y menos atendidas (con éxito); que la legalidad impere, que la inseguridad se contenga y detener la masacre nacional (más de 36 mil asesinatos en 2019).

Entre la polémica por la impaciencia periodística y de adversarios a la 4T alrededor del Insabi y su trompicado arranque, más las ocurrencias oficiales alrededor de la frustrada venta del avión expresidencial, subyace una urgencia política transversal a toda la 4T, dar resultados donde no los hay.

Por las históricas razones que sean, el Gobierno y su partido cargan un peligroso déficit de cara a las elecciones de 2021 en un apartado en el que, si no se nota una transformación real, el costo político para el proyecto transformador será demoledor y los demás aciertos en materia de honestidad, austeridad y voluntarismo social, serán eclipsados.

El Senado no recibió nada de lo que los funcionarios fueron a entregar, las explicaciones son confusas, demagógicas e inútiles. Si alguien alertó el debilitamiento del Poder Judicial en ese paquete fantasma, o si el sistema penal acusatorio sufriría un retorno al pasado con la actualización del arraigo o la validez de pruebas viciadas de origen, y el espíritu garantista del aparato de impartición de justicia se transformaría en uno autoritario, no lo sabemos.

Las nueve iniciativas fueron escondidas y negadas, el tecnicismo de la “nada jurídica” es guarida política para transformar el evidente yerro en una futura acción política de amplio consenso que garantice parlamento abierto y el concurso de todos los actores involucrados, jueces, ministros, ministerios públicos, sociedad y academia… Sí como no. El hecho es que el 15 de enero la FGR junto con el Gobierno iban a presentar algo que de último minuto frenaron.

Será el 1 de febrero (si no postergan el compromiso público) cuando se pueda conocer la propuesta de la Fiscalía y la Consejería Jurídica de la Presidencia para modificar una serie de leyes y disposiciones que ahora sabemos, figuran en su diagnóstico de por qué la violencia, inseguridad e impunidad no ceden frente a los embates morales y sociales (atacando causas de origen).

Trascienden fragmentos de las reformas planeadas que no fueron presentadas; volver a permitir el arraigo judicial hasta por 48 horas sin orden de un juez, suprimir la instancia de control en algunos procesos, extender penas a menores de edad cuando éstos cumplan la mayoría, matizar el concepto de “manzana podrida” en la presentación de pruebas, darle al Ejecutivo y al Senado mano en la elección de jueces, compartir la supervisión de los mismos con el Consejo de la Judicatura Federal y otros trazos que denotan necesidad por endurecer la Ley para poder imaginar resultados urgentes.

¿Hasta dónde estará dispuesta la 4T a volver a esquemas pasados para acelerar el combate jurídico a nuestros violentos apremios? Hay conciencia entre muchos cercanos al gabinete de seguridad y FGR, que los efectos positivos de programas sociales tardarán lustros en hacerse evidentes, tiempo que no tiene el Presidente ni su proyecto para postergar esta demanda social universal.

Los alcaldes de la CDMX. La casa encuestadora Enkoll dio conocer el ranking de alcaldes de la capital nacional, a través de entrevistas cara a cara en vivienda, midiendo los niveles de aprobación de los alcaldes. Los mejor evaluados: el perredista de Venustiano Carranza, Julio César Moreno con 71% de aprobación; en segundo Santiago Taboada, panista de Benito Juárez;  tercero el priista Adrián Rubalcava, de Cuajimalpa.

Dato que resalta: el 69% de capitalinos aprueba la labor de Andrés Manuel López Obrador.