Seguirá militarizada la seguridad

Tanto que siendo candidato criticara y estuviera en contra de la presencia de efectivos del Ejército en las calles en tareas de seguridad pública que le son ajenas, para que como Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador al presentar su Plan para pacificar al país, anunciara la nueva forma de continuar la militarización.

Porque eso, y no otra cosa, es la creación de una controvertida Guardia Nacional conformada por militares, navales y policías federales que estará incorporada a la Secretaría de la Defensa Nacional y que seguirán estando a cargo de labores para las que no están preparados y cuya participación en éstas el anterior gobierno panista involucró a no pocos de ellos en enfrentamientos con saldos trágicos.

DE ESTO Y DE AQUELLO

Tal y como se esperaba desde el martes, cuando media docena de ministros se pronunció en contra, el pleno de la Suprema Corte de Justicia invalidó la Ley de Seguridad Interior que, sin tener facultades para ello, aprobó el Congreso de la Unión el año pasado para legitimar y otorgar garantías a las Fuerzas Armadas en su participación en tareas de seguridad pública.

Apenas unas horas después de que el próximo Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador presentara su Plan Nacional de Paz y Seguridad y el designado secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, diera a conocer los puntos que apuntalarán sus acciones y la creación de la Guardia Nacional, los integrantes del alto tribunal, la echaron abajo por 10 votos contra uno.

Con la Ley de Seguridad Interior se pretendía reconocer legalmente la participación del Ejército y la Marina en el combate a la delincuencia organizada que tiene asolada al país y contra la que han resultado infructuosas las acciones que se han emprendido para enfrentarla y que en lo que va de este sexenio y el anterior, suman al menos unos 250 mil muertos.

Algunos ministros que votaron en contra coincidieron en que, de acuerdo a lo que establece la Carta Magna, la intervención militar en el combate a la delincuencia sí es posible por orden del Ejecutivo Federal, pero tendría que ser excepcional, temporal, fundada, motivada y bajo mando civil y que en ninguno de sus artículos otorga facultad expresa el Congreso para legislar en materia de seguridad interior.

En el caso de la Guardia Nacional señalaron que el artículo 89 constitucional vigente le atribuye las mismas funciones que a las Fuerzas Armadas; es decir, la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación por lo que será necesaria una reforma que le asigne tareas permanentes de seguridad pública porque inicialmente estará integrada por Policía Militar, Naval y elementos de la Policía Federal, y posteriormente por miembros de aquéllas.