Tlahuelilpan: cuando la negligencia también mata

Se presentó el escenario más trágico y menos deseable en la mala implementación de la “guerra” contra el huachicoleo: la pérdida de vidas humanas...y muchas. La explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, del 18 de enero es la tragedia más grave en la historia de México en relación con este tema. Es ya uno de los hechos que más han enlutado al país en las últimas décadas: más de 90 muertos y 70 heridos (niños incluidos) al cierre de esta edición (cualquier país civilizado, por cierto, decreta duelo nacional al producirse tragedias de esa magnitud, pero como aquí estamos acostumbrados a ver morir compatriotas a raudales, al parecer ni se les ocurre; así la insensibilidad).

En los días previos a la tragedia del 18-E ya de por sí el gobierno venía con una conducción sumamente errática en cuanto a información y rendición de cuentas con respecto a las medidas en contra del huachicoleo. Dos ejemplos: no hubo una explicación convincente, pero sí una descalificación apresurada, sobre la línea de investigación de Robbie Whelan, del Wall Street Journal, sobre la insuficiencia de importaciones de crudo ligero y gasolinas; y el plantón en toda regla que propinaron la secretaria de Energía y el director de Pemex al Poder Legislativo, al no asistir a la comparecencia a la que estaban citados en la Cámara de Diputados.

A reserva de esperar los resultados de las investigaciones sobre la explosión, lo que se difundió ampliamente en espacios noticiosos y redes sociales no tiene justificación alguna: centenares de personas, entre las que se encontraban mujeres y niños, llenando cualquier recipiente inseguro y salpicándose ellos mismos de combustible. Si bien todos sabíamos que no era la primera vez que se reproducía esa misma escena (algo similar había pasado en Acambay, Estado de México, hacía apenas unos días), también de antemano teníamos claro que el riesgo de una explosión era muy elevado, ya las había habido anteriormente y, de hecho, el mismo día de la de Tlahuelilpan explotó otra fuga en Paso de Mata, Querétaro (afortunadamente sin pérdidas humanas que lamentar).

La narrativa presidencial de que “no se va a usar al Ejército para reprimir” es insostenible. Nadie pide disparar contra turbas desarmadas, incluso si sus intenciones fueran poco defendibles (menos aún cuando por sentido común disparos podrían detonar explosiones). Era suficiente con impedir (de preferencia con elementos policíacos y no castrenses) que se acercaran a la fuente de combustible. Tampoco se sostiene decir que “sólo el personal de Pemex tiene competencia para resolver fugas”, y por lo tanto tenían que esperarlo. De ser eso cierto, ¿entonces para qué sirven los protocolos de protección civil? Lógicamente, son dos cosas distintas, contener la fuga en sí misma, y contener a la gente para que no se acerque a ella, mientras la situación implique riesgos.

Por donde se vea, el argumento es muy vulnerable. Si bien el robo de combustible es un delito, mucho cuidado con criminalizar a la gente que se pone en riesgo con tal de conseguir un poco de gasolina, para uso personal o venta, en vista de la escasez y del mercado negro (tanto el que ya existía como el que ha surgido gracias a las malas decisiones del gobierno).

Más allá de las molestias ciudadanas y de los impactos económicos generados por las acciones gubernamentales que han producido desabasto de gasolinas (predecible impacto inflacionario y escasez de diversos bienes y servicios), ahora el daño es objetivamente mayor. Las encuestas, hasta ahora, no reparan en que no hay prácticamente detenidos, por un lado, y por el otro tenemos a decenas de familias enlutadas por muertes y personas con quemaduras gravísimas que tendrán secuelas de por vida.

El gobierno federal, Pemex en particular, y todos los funcionarios involucrados en la torpe implementación de estas medidas habrán de asumir las responsabilidades políticas, administrativas, civiles-patrimoniales e incluso penales, derivadas de los graves daños y perjuicios causados por su impericia y negligencia, e indemnizar o compensar con justicia a quienes han sido indebidamente afectados por ellas. En el sexenio pasado nos faltaron cuarenta y tres, ahora nos faltan noventa y tantos. ¿Fue el Estado?