Un nuevo ombudsperson

Este día se publica en la Gaceta del Senado el Acuerdo que emite la convocatoria para determinar quién será el titular de la CNDH los próximos cinco años. La base tercera de la convocatoria prevé que el actual titular cuente con la posibilidad de reelegirse si así lo desea. La reelección, sin embargo, es poco probable.

Primero, porque en su discurso de toma de posesión, hace casi cinco años, el ombudsman afirmó que no buscaría un segundo periodo. Más aún, las elecciones federales del año pasado modificaron radicalmente la composición partidista del Senado.

Esto significa que la alianza PRI y PAN, que le permitió ocupar la titularidad de la CNDH, actualmente asciende a 38 senadores, lo que vuelve matemáticamente imposible alcanzar la mayoría requerida para ser reelecto. Dicha mayoría se percibe aún más lejana si se consideran los múltiples desencuentros entre el ombudsman y la nueva administración.

En círculos gubernamentales se percibe un sesgo en la actuación del titular de la Comisión Nacional. Por ejemplo, después de más de cuatro años de ocurridos los hechos, la recomendación por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa fue emitida dos días antes del cambio de Gobierno federal. Así, sin deberla ni temerla, el cumplimiento de la misma corresponde a la administración actual.

El clima de polarización imperante ha propiciado que los adversarios del gobierno animen al ombudsman a actuar como opositor político, desvirtuando la naturaleza de la institución.

En contrapartida, los críticos del gobierno unánimemente consideran que la CNDH es perfecta. Discrepando del coro de alabanzas, me parece pertinente hacer la evaluación institucional con base en sus resultados. Durante el presente año, si bien parece que se han emitido 74 recomendaciones, cinco de ellas (las números 19, 66, 67, 71 y 72), no han sido publicadas hasta ahora.

De las 69 hechas públicas, 35 han tomado más de año y medio para ser resueltas. El récord de mayor tiempo corresponde a la recomendación número 12, relativa a violaciones a un medio ambiente sano en el Cañón del Sumidero. A la CNDH le tomó siete años y 10 meses resolverla.

Por su parte, a la Recomendación número 43, relacionada con violaciones a los derechos a la vida, al acceso a la justicia y a la verdad, le corresponde el segundo lugar, pues fue resuelta en cinco años y cuatro meses. En el caso de las recomendaciones 3, 6, 7, 22, 25, 36 y 46, requirieron más de cuatro años en ser concluidas. La calma con la que se resuelven las quejas en la CNDH contrasta con la hiperactividad de su oficina de prensa.

Hasta ayer, ha emitido 381 comunicados de prensa: más de cinco boletines por cada recomendación. Ojalá que durante el proceso de votación para nombrar al próximo ombudsperson los senadores privilegien no el activismo mediático ni el perfil opositor, sino su compromiso con la vigencia de los derechos humanos.