Víctimas, con o sin ley

Nadie quiere ser víctima ni de un delito, ni de una violación a sus derechos humanos, desafortunadamente nuestro país en los últimos años se ha llenado de víctimas; unas vivas y otras muertas, unas indirectas y otras directas, y otras más, potencialmente de serlo.

Se conmemoran seis años de la Ley General de Atención a Víctimas, resultado sin duda de uno de los movimientos sociales más importantes de nuestro país. La ley determina quién es víctima, la reconoce como tal y, por tanto, sus derechos, como el de la verdad, la justicia y la reparación del daño. La misma ley mandata la creación del Sistema Nacional de Víctimas, para que supervise los programas, una Comisión para que atienda, opere y la creación de un área jurídica. Todo esto conlleva a que también se mandatara la creación de un registro nacional de víctimas y la integración de un fondo de ayuda, con el fin de brindar asistencia y la reparación integral, pero eso no es toda esta ley, ya que además obliga a que todas las entidades federativas tengan su propia ley y procesos.

Sin embargo, ni todas las entidades tienen ley, ni aquellas que la tienen han instalado la comisión y, mucho menos, cuentan con un presupuesto o un fondo de ayuda. Según la organización I(dh)eas, en su informe Proceso de Armonización de la Ley General de Víctimas, dice que los recursos asignados para los fondos estatales durante 2018 fueron apenas de 181, 292, 751 millones de pesos, y destaca cómo están las entidades federativas con el cumplimiento de contar con un registro de víctimas, ya que saber dónde están, qué les pasó y cómo se les reparó el daño son datos estratégicos para un proceso de no repetición. Sin embargo, la mitad de las entidades federativas no cuentan con dichos registros.

Se trata de las víctimas sujetas principalmente de delitos y violaciones de derechos humanos tales como: Desaparición de personas, Homicidio, Privación ilegal de la libertad, Secuestro, Delincuencia organizada, Lesiones, Desaparición forzada, Trata de personas, Abuso de autoridad y Tortura. Todas ellas requieren de asesoría jurídica y aunque está previsto que cuenten con asesores, lo cierto es que son insuficientes cuando los hay, ya que se tiene un déficit importante en la implementación de la ley y en la asignación de recursos para operar. Y  las víctimas ahí están, con ley o sin ley, con recursos o sin ellos.

El Observatorio Ciudadano hizo una clausura simbólica en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, clausura, que deben de ver como propia varias entidades federativas.

Hace algunos meses, pude estar en una de las reuniones del Observatorio y ahí las víctimas y sus familiares expusieron las grandes problemáticas que tienen. También me tocó la elaboración de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, como parte de las demandas de víctimas y estoy convencida de que urge atenderlas con dignidad y con justicia, porque todas ellas son personas que, en un momento, su proyecto de vida queda trastocado o truncado para siempre.