Zaldívar, el fiel de la balanza

Con dos de los tres Poderes de la Unión bajo control político directo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la elección del ministro Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia para los siguientes cuatro años lo convierte de facto en fiel de la balanza para los contrapesos que la salud democrática y social mexicana necesita.

Si el abogado queretano, egresado de la Libre de Derecho nominado a la SCJN por Felipe Calderón en 2009, que no trabajó en juzgados ni tribunales antes de convertirse en ministro era o no el favorito de AMLO y/o de su consejero Jurídico, es especulación pura y dura.

Lo real es que Zaldívar Lelo de Larrea tiene ante sí el reto de preservar el Estado de derecho ante el retorno de un hiperpresidencialismo y el nacimiento de un nuevo partido político hegemónico. Lo demás es lo de menos. El nuevo Presidente de la SCJN prometió independencia con diálogo y en prenda dejó sus nueve años como ministro, sus ponencias y resoluciones ante opiniones adversas de expresidentes. No, asegura Zaldívar, se deja presionar.

Sus antecedentes en los casos de la guardería ABC, de la francesa Florence Cassez, sobre la legalización de la mariguana, los matrimonios entre personas del mismo género o el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, tienen registro puntual en la prensa nacional, el perfil liberal que se le atribuye al presidente de la SCJN obedece a su obra jurídica, no a semblanzas de ocasión.

Retos y oportunidades para demostrar que su trayectoria y empeños serán realidades le van a sobrar al máximo tribunal de la Nación con Arturo Zaldívar al frente.

La popularísima austeridad republicana de AMLO y sus operadores en el Legislativo, deben confrontar su constitucionalidad cuando la controversia por la Ley Federal de Remuneraciones a Servidores Públicos sea analizada por el pleno.

Y vendrán nuevas acciones que pretendan equilibrar a la 4T entre los anhelos del Presidente más votado en la democracia y la Ley suprema a través de las instituciones del Estado; no es disputar supremacías entre el Ejecutivo, Legislativo o Judicial; tampoco de resistir por default a López Obrador a Morena, a su mayoría en Senado y Diputados, o de congraciarse con el poderoso consejero Jurídico de Presidencia. Se trata de preservar y acrecentar nuestra salud política y social, escuchar la voz del pueblo sí, pero sin destruir la norma jurídica que tanto ocupó a próceres de la 4T como Benito Juárez.

La Guardia Nacional no ha sido creada y ya hay convocatoria para reclutar a policías militares, marinos, federales y jóvenes civiles sin antecedentes penales. No hay todavía Guardia Nacional, pero se anuncia que existe partida presupuestal para pagarle a sus integrantes. Querellas jurídicas, legítimas e interesadas por parte de la denostada y tenue oposición, llegarán hasta la SCJN.

Consultas populares sin marco jurídico, obras como el aeropuerto de Texcoco canceladas observando apenas la Ley y otras, como el Tren Maya licitadas sin proyecto, trazadas más sobre ideas que sobre acuerdos legales; exponen al país a vivir prolongados debates mediatizados sobre el bien y el mal, la austeridad o la avaricia, la riqueza mal vista o la pobreza como epopeya social.

Urge encontrar el justo medio, la real dimensión ante la Ley, exigir pulcritud jurídica a la administración federal y al quehacer legislativo; para ello, el papel de la SCJN es y será, fundamental, ahí será donde el equilibrio y pluralidad de su pleno garanticen contrapesos y el imperio del derecho en la gobernanza de la 4T.

El imaginario colectivo alimentado desde el propio poder sobre jueces ricos y corruptos, juzgados cooptados por el crimen y, sobre todo, la noción del Derecho como coartada que perpetúa la impunidad de los de arriba a costa de los de abajo, debe cambiar.

Una nueva narrativa tiene que construirse desde la SCJN y llegar hasta la primera barandilla de la última alcaldía. La 4T pasará por aquello que los 11 Ministros de la SCJN hagan en estos contextos nacionales tan diferentes como exigentes.