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En la grabación el líder estudiantil reconoce que ayudó al organizador del atentado fallido. Foto: Especial
En la grabación el líder estudiantil reconoce que ayudó al organizador del atentado fallido. Foto: Especial

Luego de que el régimen de Nicolás Maduro difundiera un video en el que Juan Requesens, principal líder opositor estudiantil, reconoce su participación en el atentado fallido contra el presidente, perpetrado el pasado 4 de agosto, las principales voces críticas del chavismo rechazaron la legitimidad del material y acusaron al gobierno de usar la tortura física y psicológica para vincular a sus contrarios a hechos violentos.

“Lo exhiben ante los medios, incriminándose él y a otras personas. Esa incriminación es producto de la tortura psicológica y física“, dijo la fiscal General destituida, Luisa Ortega, en un mensaje el viernes.

Ortega Díaz calificó de “desastroso” el proceder del gobierno para interrogar a Requesens sin la presencia de sus abogados, lo que viola los estándares internacionales y nacionales del debido proceso; en este sentido también se refirió a su detención arbitraria tras allanarle su inmunidad como diputado.

“No sabemos qué otras cosas estarán haciendo en Venezuela para incriminarlo; esto es comparable solamente con el nazismo. Voy a acudir a instancias internacionales para denunciar este caso”, aseveró Ortega Díaz.

Para el diputado de la Asamblea Nacional y dirigente de Primero Justicia (PJ), Jorge Millán, “es evidente que el gobierno ha torturado a Juan (Requesens) para sacar unas declaraciones contra su voluntad, cual régimen terrorista“.

Gráfico: La Razón de México

“El gobierno tiene un libreto, lo hemos vivido con otros dirigentes políticos que han sido presos y los han obligado a narrar historias falsas. El video fue forjado bajo tortura”, dijo.

Y recordó el caso de Francisco Alejandro y Francisco José Sánchez, también militantes de Primero Justicia, quienes fueron detenidos en abril de 2017 tras ser acusados de participar en actos violentos que causaron daños a la sede de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (TSJ) en Chacao.

“A ellos los obligaron a declarar falsamente y después en tribunales quedó en evidencia que todo era mentira y posteriormente fueron liberados”, dijo.

En un comunicado, el PJ expresó su rechazo a las “difamaciones con las que el régimen de Maduro pretende vincularnos a hechos violentos” y denunció que Requesens fue obligado a declarar en condiciones inhumanas.

“Es un rehén que está secuestrado bajo una privación ilegítima de libertad, no ha sido visto por sus familiares ni abogados y es obligado a declarar bajo condiciones inhumanas frente de sus captores. Requesens encarna la esperanza de una juventud que quiere dejar en el pasado el fracaso del socialismo y quiere crecer en irreverencia para no claudicar en las luchas democráticas“, señala el partido.

Por separado, la diputada Delsa Solórzano consideró que el video que presentó el gobierno carece de valor probatorio y está viciado de nulidad.

“Una declaración de este tipo tiene que hacerse en presencia de un abogado y el imputado tiene que haber sido previamente presentado ante un tribunal. Él (Juan Requesens) no está en un sitio seguro, está hablando frente a sus captores. Cuando esté libre y pueda hablar sabremos qué hay detrás de todo esto”.

  • El Dato: El vicepresidente de EU, Mike Pence, denunció ante el Vaticano la violencia que vive la Iglesia de Nicaragua, con la represión.

Y el régimen va por otros 18 “culpables”

El ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo que hay 19 personas privadas de su libertad por el atentado fallido en contra del presidente Nicolás Maduro y que las autoridades van por 18 más.

“Hay 19 detenidos estamos solicitando 18 más”, dijo el viernes, en rueda de prensa, después de presentar el video en el que el diputado Juan Requesens, arrestados el pasado 8 de agosto, dice que “pasó de Venezuela a Colombia” a uno de los acusados del intento de magnicidio, Juan Carlos Monasterio.

El ministro tildó al también diputado de “asesino” y lo retó a desmentir a su compañero del partido Primero Justicia. “La inmunidad parlamentaria no es para asesinar personas”.

Rodríguez resaltó que exigen al gobierno de Colombia entregar a Rayder Russo Márquez, alías Pico, señalado como uno de los financistas de la operación y a Mauricio Jiménez Pinzón, funcionario de migración de ese país, que habría ayudado al militar retirado Juan Carlos Monasterio a pasar de “Venezuela a Colombia”, tras ser contactado por Requesens.

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