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Paramilitares improvisan viviendas en los terrenos expropiados. Foto: Especial
Paramilitares improvisan viviendas en los terrenos expropiados. Foto: Especial

De la noche a la mañana, personas armadas con escopetas, pistolas y armas de fuego artesanales están invadiendo lotes de tierras de líderes empresariales que han condenado al régimen de Daniel Ortega por desatar una represión que, según ONG locales, ya contabiliza más de 448 asesinatos desde abril, cuando estallaron las protestas que exigen su salida del poder.

Las invasiones de tierra tienen lugar en al menos siete departamentos: Managua, la capital, Chinandega, Estelí, León, Matagalpa, Rivas y Granada, según explicó el líder de los empresarios, José Adán Aguerrí, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), organización que ha dado la espalda al gobierno.

Para algunos analistas consultados, las tomas de tierras son un método de pago para las fuerzas paramilitares que el gobierno de Ortega formó para aplacar a sangre y fuego a los protestantes en distintas ciudades.

Gráfico: La Razón de México

En total, según cifras de los empresarios, el Ejecutivo ha promovido la invasión y toma de cinco mil 169 hectáreas de tierras que pertenecen a 37 productores agremiados al Cosep. Los productores han informado que han logrado recuperar mil 161 hectáreas, pero cuatro mil ocho todavía siguen en poder de los “toma tierras”.

Durante 10 años, el gobierno mantuvo con el Cosep un modelo de diálogo y consenso en el que sólo se abordaban aspectos económicos y no la situación institucional y política del país. Pero esa relación se rompió cuando con la crisis desatada en abril se pusieron del lado de la población.

Entre los empresarios más afectados se encuentran la Fundación Coen, uno de los grupos económicos más fuertes de Nicaragua, tres de cuyas propiedades fueron invadidas este último fin de semana, para un total de seis desde junio pasado. Otro de los perjudicados es Michael Healy, representante en la mesa de Diálogo Nacional, que en la actualidad se encuentra en suspenso porque el presidente ha atacado y tildado de “golpistas” a los obispos, que actúan como mediadores.

Las personas que ocupan las tierras actúan con violencia ante la pasividad de la Policía Nacional. Los “toma tierras”, como se les conoce en la nación centroamericana, tampoco permiten el acceso a los periodistas independientes. Ellos alegan que “tienen derecho” a la misma y que “somos mandados” o “Hemos luchado junto con el Frente Sandinista”.

Gráfico: La Razón de México

A estos invasores también se les ha visto “engordar” los actos públicos que realiza el gobierno orteguista. “Esto evidencia el gran deterioro que ha tenido el partido gobernante en sus bases. La gente los repudia y quieren ganar adeptos a fuerza de un delito: de inducir a las personas a cometer actos contra la ley, a involucrarlos en el robo, en afectar la propiedad privada y dañar la imagen del país”, explicó el exdiputado y exaliado de Ortega, Agustín Jarquín Anaya.

Para el exprocurador de justicia, Alberto Novoa, estas apropiaciones se dieron cuando el pueblo se desbordó y el gobierno estaba prácticamente “con el agua al cuello”. Una forma de reaccionar fue “tomemos tierras, porque esto nos va a dar apoyo popular”.

El génesis de los paramilitares tuvo lugar después de que la Policía Nacional —principal órgano represor de Ortega— se viera rebasada por los manifestantes que se lanzaron a las calles, bloquearon las carreteras de todo el país y organizaron manifestaciones pacíficas en las ciudades. Las calles de los barrios fueron cerradas con barricadas y se derribaron más de 20 árboles de la vida, símbolo de la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo. Entonces se creyó que el presidente estaba derrotado. Sin embargo, hay pruebas de que en al menos tres ciudades se realizaron reuniones de reclutamiento de estas fuerzas de choque, encabezadas por retirados del Ejército y excombatientes de los 80.

El exmayor del Ejército, Roberto Samcam, explicó a La Razón que las fuerzas paramilitares de Ortega las conforman trabajadores estatales, miembros del Partido Sandinista y desmovilizados del Ejército cuyo pago han sido lotes de tierra. Una fuente en la Procuraduría General de la República filtró a esta casa editorial que los paramilitares están llegando a esta institución pública para legalizar los lotes que tomaron. Los trámites se están ya realizando.

Gráfico: La Razón de México

En algunos barrios del país se confirmaron que miembros de estas fuerzas paramilitares también están ofreciendo servicios de “vigilancia” a los pobladores. Generalmente son personas armadas y desconocidas que cobran a cambio de seguridad, como una especie de impuesto partidario.

  • El Dato: El génesis de los paramilitares tuvo lugar después de que la Policía Nacional principal órgano represor de Ortega se viera rebasada por los manifestantes.

“Son pobladores pobres a quienes les permiten tomarse tierras a cambio de participar en estos grupos. También están compuestos por pandilleros reclutados a cambio de quedarse con los botines, producto del pillaje, vandalismo y robo a la propiedad privada”, añadió Samcam.

José Adán Aguerri calificó las invasiones de tierra como confiscaciones. “Entre los propietarios afectados no se conoce ningún allegado al partido de gobierno. Desde el sector privado hemos denunciado esta nueva vulneración al Estado de derecho y que es una medida de represión dirigida ante las circunstancias que estamos viviendo en el país”, acusó el dirigente empresarial.

Salida constitucional

Los manifestantes piden la renuncia de Daniel Ortega; él se niega a adelantar comicios.

  • La figura de la renuncia sí está contemplada en la Constitución, aunque el texto no da mayores detalles de la misma, más allá de indicar que, para que sea efectiva, tiene que ser aceptada por la Asamblea Nacional.
  • La Carta Magna también reconoce el derecho de petición del pueblo nicaragüense, así como su derecho a decidir y participar “libremente en la construcción y perfeccionamiento del sistema económico, político y social de la nación”.
  • El artículo 2 de la Constitución establece que el poder político también podrá ejercerlo el pueblo, “de manera directa por medio del referéndum y del plebiscito”.

OEA anuncia que supervisará el diálogo

La Organización de los Estados Americanos (OEA) adoptó ayer una resolución para crear un grupo de trabajo que propicie el diálogo nacional en Nicaragua, que se ha visto sacudida desde abril por protestas callejeras masivas.

La propuesta de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Estados Unidos, México, Paraguay y Perú busca conformar este grupo antes del 10 de agosto, con un representante de cada uno de los grupos regionales que operan en la OEA: la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y la Comunidad Caribeña (CARICOM, por sus siglas en inglés).

La resolución, adoptada por 20 votos a favor, ocho abstenciones y cuatro en contra, ordena al grupo de trabajo presentar reportes mensuales al Consejo Permanente de sus gestiones y progresos.

El embajador mexicano, Jorge Lomónaco, dijo que varias instancias de la OEA ya trabajan en el terreno en Nicaragua “pero faltaba un ingrediente: el papel de los Estados miembros. Este documento aporta eso”.

El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, rechazó la resolución a la que calificó como “maniobra política de carácter intervencionista” y adelantó que su país no recibirá en su territorio al grupo de trabajo creado por la OEA.

Con información de Eduardo Cruz