Preguntas al ombudsman

STRICTO SENSU

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La creación de órganos constitucionales autónomos en nustro orden jurídico respondió a la necesidad de crear instituciones competentes en determinadas materias (electoral, telecomunicaciones, etcétera), que fueran independientes del gobierno en turno.

Pero para que la autonomía opere en beneficio de la sociedad, debe haber rendición de cuentas. Sin ésta, los órganos autónomos desvirtúan su razón de ser.
En el caso de la CNDH, corresponde al Senado, concretamente a su Comisión de Derechos Humanos, cerciorarse de que esta institución ejerza debidamente sus atribuciones. Por una falla legal, el ombudsman presenta su informe anual en enero. Esto implica que le rinda cuentas a la Comisión Permanente, no al Senado, pues éste se encuentra en receso durante ese mes. Por eso el informe del ombudsman ante el Poder Legislativo, lejos de ser un auténtico ejercicio de rendición de cuentas, se ha convertido en un acto protocolario sin cuestionamientos.

La semana pasada la Comisión Permanente acordó que, en el informe que rendirá hoy el titular de la CNDH, los legisladores le formularán tres rondas de preguntas. El ombudsman tendrá oportunidad de responder las inquietudes planteadas por diputados y senadores. Es un ejercicio inédito de rendición de cuentas que ojalá se vuelva permanente.

Según datos publicados en Internet, en 2017 la CNDH emitió 81 recomendaciones. De éstas, más de la mitad (46) se publicó 18 meses después de haberse recibido la queja. Esto significa que el ombudsman, en contravención de lo establecido en sus normas, no labora de manera pronta ni expedita. Hay que subrayar que la recomendación 66 fue concluida ocho años posteriores a la fecha de recepción de la queja. Existen, además, cuatro recomendaciones (números 10, 12, 52 y 63) referidas a hechos violatorios ocurridos cinco años antes de ser emitidas. Siete de las recomendaciones de 2017 fueron iniciadas hace más de cuatro años. Sería pertinente que alguno de los legisladores le preguntara al ombudsman las razones por las que tarda tanto tiempo en emitir recomendaciones, pues los recursos asignados en el presupuesto federal han mantenido una tendencia al alza en los últimos años. En el año del informe, por ejemplo, recibió poco más de 1 700 millones de pesos.

Ojalá que algún representante popular también le cuestione al ombudsman su indiferencia institucional por el tema de desapariciones. Mientras que el último reporte del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas estima en poco más de 33 mil los casos de esta naturaleza, para 2017 la CNDH únicamente concluyó investigaciones relacionadas con 27 desaparecidos, cantidad ínfima en comparación.

Por último, el ombudsman también está en deuda en el caso de la investigación acerca de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Han pasado más de tres años sin saber si se han encontrado violaciones graves. Tampoco se han emitido las recomendaciones pertinentes. La sesión de hoy en la Comisión Permanente ofrece una extraordinaria oportunidad para conocer de viva voz la opinión del ombudsman sobre estos asuntos de su competencia.

 

Mauricio Ibarra

Mauricio Ibarra

Abogado (UAM) y maestro en Economía y Política Internacional (CIDE).
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