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Un agente de la Patrulla Fronteriza vigila a indocumentados en Arizona. Foto: AP
Un agente de la Patrulla Fronteriza vigila a indocumentados en Arizona. Foto: AP

El número de juicios criminales contra migrantes aumentaron de manera drástica durante el gobierno de Donald Trump, pese a que de manera formal terminara la práctica de separar familias en la frontera, según Human Rights Watch (HRW).

En un análisis reciente, el grupo de defensa de derechos humanos indicó que a partir de junio de 2018, 46 por ciento de los adultos arrestados por la Patrulla Fronteriza fue procesado criminalmente, pese a que en mayo pasado solo un tercio de los migrantes enfrentó cargos criminales.

El repunte sucedió luego de que el procurador general Jeff Sessions anunció en abril la política de inmigración “tolerancia cero”, que ordenó a fiscales federales a lo largo de la frontera suroeste enjuiciar, “en la medida de lo posible”, todos los casos de cruces de migrantes sin documentos.

Tales esfuerzos no han detenido el flujo de migración indocumentada, sino que “solo ha aumentado la crisis de las familias detenidas en la frontera”, afirmó Grace Meng, investigadora de HRW en EU.

HRW precisó que la entrada sin documentos a Estados Unidos ha sido una falta menor, en tanto que el reingreso sin autorización ha sido considerado un delito desde principios del siglo XX. Los juicios criminales, sin embargo, se reservaban para migrantes con antecedentes penales graves o reincidentes.

No obstante, desde 2005, la Operación Streamline se introdujo en la comunidad Del Río, Texas, permitiendo un rápido enjuiciamiento masivo. Ese modelo sirvió para la actual política de Trump.

Además, la política de “tolerancia cero” es la primera que alienta procesos criminales contra los padres que viajan con niños, y procesa criminalmente a solicitantes de asilo pese a que estas medidas representan “una violación de la ley internacional de refugiados”.

HRW precisó que pese a que Trump emitió una orden ejecutiva que pone fin a la separación familiar, ésta “no hace nada para abordar el impacto devastador de estos procesamientos penales”.

El organismo criticó también que la “tolerancia cero” utiliza enormes recursos de los fiscales federales, los tribunales y los alguaciles para enjuiciar a personas sin antecedentes penales o con antecedentes menores.

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