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Foto: La Razón

Como ha sucedido siempre, las promesas de campaña de los candidatos a ocupar la silla presidencial son muy alentadoras, tanto que hasta parecen sinceras. Quisiéramos creer en ellas, aunque sabemos que las cumplen en un porcentaje muy bajo. No podía faltar una incuestionable: vamos a acabar con la corrupción, que según el Banco Mundial representa el nueve por ciento del PIB en México. No sé mucho de macroeconomía, pero lo que sí alcanzo a comprender es que se trata de una cifra macroindecente para un país con altos índices de macropobreza. Como ofrecimiento en pos de ganar las próximas elecciones resulta fácil soltarlo a la primera. Es inevitable hacerlo: somos el país más corrupto de los 34 que integran la OCDE. Enrique Peña Nieto lo prometió en campaña y si algo ha caracterizado su sexenio ha sido el latrocinio, el cohecho y la descomposición en todos los niveles de gobierno. Cuando ya había sido electo, Alfonsina Peñaloza (Animal Político) escribió: “Muchos argumentan que la corrupción no se puede combatir, que forma parte de la cultura mexicana, de nuestro código genético. Si esto fuera cierto, entonces los mexicanos tenemos cualidades alienígenas, porque resulta que, por ejemplo, cuando cruzamos la frontera a Estados Unidos o llegamos a otro país nuestro DNA cambia mágicamente y acatamos las leyes”.

“La estafa maestra” se llama la investigación realizada por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) que obtuvo el Premio Ortega y Gasset de Periodismo 2018. En ella documenta contratos ilegales por parte del gobierno federal por 7 mil 670 millones de pesos, de los cuales no se conoce dónde fueron a parar 3 mil 433. Juan Manuel Portal, Auditor Superior de la Federación, lo calificó como “un claro acto de corrupción”. Para los ciudadanos de a pie se trata de un macroacto de corrupción e impunidad. A través de universidades públicas, varias instancias de gobierno triangularon recursos hacia empresas fantasma, a cambio de repartirse una “pequeña compensación” de mil millones. Los investigadores exhiben el caso de mi tocayo Francisco, un hombre tabasqueño que se gana la vida con pequeños trabajos de plomería y barriendo una escuela. Según los datos recabados, es propietario de una empresa que recibió 500 millones de pesos. Se trata sólo de una de las 186 compañías inexistentes que recibieron dinero de distintas oficinas de gobierno, entre ellas SEDESOL, PEMEX y Banobras, como las principales.

¿Dónde está ese dinero? Seguramente en cuentas bancarias de paraísos fiscales, muchas hectáreas de terrenos privilegiados, yates, caballos de pura sangre, aviones particulares, viajes de lujo, relojes de oro y una buena cantidad de cosas necesarias para que unos cuantos puedan llevar “una vida digna”, acorde con el arduo trabajo que desarrollan por el bien del país y de la sociedad. “Merezco abundancia”, escribía en su diario la esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, uno de los pocos macroladrones que está en prisión y cuyo encierro al parecer merece una macroabundancia de años tras las rejas.

“Merezco abundancia”, escribía en su diario la esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, uno de los pocos macroladrones que está en prisión.

¿En qué podrían invertirse tantos millones? En reparar una parte del patrimonio cultural que se dañó en el sismo del 19/9 (tan sólo en Morelos hay más de mil doscientos inmuebles que atender), compensar en algo el castigo que han sufrido los presupuestos de educación y cultura, combatir la pobreza de muchos municipios castigados por la desatención del gobierno o un impulso real, confiable al Sistema Nacional Anticorrupción.

De los cuatro candidatos, sólo Andrés Manuel López Obrador ha insistido desde hace muchos años en poner como prioridad al frente de la agenda el combate a la corrupción. José Antonio Meade promete sacarla “de la política y encabezar un gobierno de gente decente”, como si le fuera ajena la administración para la que trabajó al frente de tres secretarías. Margarita Zavala ofrece crear una oficina de ética para controlar los conflictos de intereses, los cochupos y los moches. Y Ricardo Anaya, entre promesa y promesa, sigue bajo sospecha de haber cometido algunos ilícitos.

Nos bajen o no el sol, sólo esperamos que la quemadota nos chamusque menos.

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