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Napoleón Gómez, ayer, en la sede legislativa. Foto: Especial
Napoleón Gómez, ayer, en la sede legislativa. Foto: Especial

Más de una década transcurrió para que el líder minero autoexiliado en Canadá, Napoleón Gómez Urrutia, volviera a México para realizar el trámite de registro como Senador para la LXIV Legislatura que iniciará el próximo sábado 1 de septiembre, en cuya gestión, dijo, ayudará a combatir la corrupción.

Tras registrarse, dio un breve mensaje en el que se asumió “contento de estar de regreso en mi patria”, tras doce años fuera, acusado de un millonario fraude contra el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares, de la República Mexicana, tras la tragedia en la mina Pasta de Conchos.

El senador electo adelantó que el jueves ofrecerá una conferencia de prensa para ofrecer más detalles sobre lo que será su próxima labor legislativa y responder a otras interrogantes; pero mencionó que entre los asuntos prioritarios que abordará se encuentra colaborar con el rescate de nuestro país, así como contribuir con un cambio a la política económica, con el objetivo de terminar con la pobreza y la desigualdad.

Por separado, el Sindicato Minero exigió que Gómez Urrutia devuelva los 54 millones 84 mil de dólares de un fideicomiso de trabajadores mineros.

  • El Dato: Lopez Obrador consideró la acusación de desvío contra el dirigente de los mineros como una persecución política.

“Sería contradictorio y lastimoso para los mexicanos que, quien huyó del país por la puerta de atrás, se niega a regresar ese dinero a cientos de trabajadores sea tratado como héroe y ocupe un cargo público”, dijo el líder sindical Carlos Pavón Campos en un comunicado.

Los mineros consideran que antes ocupar el escaño en el Senado, tiene que demostrar, con respaldo de documentos, que desde su llegada al sindicato los trabajadores mejoraron sus condiciones salariales. Pidieron además que explique las modificaciones estatutarias que otorgaron mayores atribuciones a la figura de presidente nacional.

Pavón agregó que hasta la fecha se mantienen vigentes dos laudos emitidos por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en los que se le obliga a regresar la referida cantidad a los trabajadores.

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