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Simpatizantes de Lula muestran una máscara del exmandatario, el lunes. Foto: AP
Simpatizantes de Lula muestran una máscara del exmandatario, el lunes. Foto: AP

Como era de esperarse, el Tribunal Superior Electoral de Brasil rechazó el reclamo que formuló la defensa del expresidente preso Luiz Inácio Lula da Silva, para que este pueda participar, junto a los otros presidenciables, en los debates que se transmitirán por televisión.

“Es público y notorio que la segregación impuesta al pretendido candidato, cuyo análisis de viabilidad será oportunamente analizada, proviene de la determinación de la justicia de mantenerlo en prisión”, dictaminó el juez de la Corte electoral, Sergio Banhos.

Mientras tanto, en la Fiscalía General de Brasil el candidato de ultraderecha,  Jair Bolsonaro, y representantes de otros partidos se apresuraron a presentar sus respectivas impugnaciones, apenas unas horas después de que el Partido del Trabajo desafiara las leyes e inscribiera la candidatura de Lula.

Es el caso de la procuradora general de Brasil, Raquel Dodge, quien presentó este jueves un pedido que “perfecciona” su primera apelación para que el TSE niegue al petista su participación en las próximas elecciones.

Argumenta que Lula es “inelegible” por tener sentencias condenatorias en los juzgados de primera y de segunda instancia.

  • El Dato: La sentencia final del Tribunal se tomará en conjunto en el plenario de jueces, antes del 17 de septiembre.

La Corte Electoral aún tiene tiempo para producir un dictamen, que podrá expedirse hasta el 17 de septiembre próximo, el plazo final para que los partidos consigan sustituir los candidatos excluidos por el TSE. Aunque por ley hay 48 días, la procuradora general quiere que se reduzcan a siete.

Entre los personajes que secundaron a la fiscal, están Kim Kataguiri, uno de los fundadores del Movimiento Brasil Libre y pionero en la lucha a favor del impeachment contra la expresidenta Dilma Rousseff, y el diputado Alexandre Frota, del Partido Social Liberal.

“Es público y notorio que la segregación impuesta al pretendido candidato, cuyo análisis de viabilidad será oportunamente analizada, proviene de la determinación de la justicia de mantenerlo en prisión”

Sergio Banhos

Juez de la Corte Electoral

Destaca la acción del candidato presidencial de la ultraderecha, Jair Bolsonaro, quien decidió presentar su propio recurso contra Lula ante el Tribunal Electoral.

El aún diputado federal dijo que “es de conocimiento general” que el “pretendido candidato” fue condenado por corrupción y lavado de dinero. Por lo tanto, no merece que se acepte su presencia en los comicios.

El abogado de Lula en la cuestión electoral, Luiz Fernando Casagrande Pereira, ironizó sobre el actuar de la procuradora Dodge.

“No habíamos visto a la Procuración ser tan rápida como ahora. Si hubiera tanta celeridad en el sistema judicial para los otros casos, el stock de procesos en Brasil caería a cero”.

Luiz Fernando Casagrande

Abogado de Lula

En medio de lo que pareciera un duro camino en la carrera presidencial de Lula, su partido, el PT, piensa que puede sacar provecho a la situación, pues “refuerza la idea de una persecución judicial contra Lula”.

Fuentes de la cúpula del PT sugieren que el partido quiere fortalecer la victimización del expresidente para ayudar a transferir votos a la figura reemplazante del dirigente preso: el exprofesor y exministro de Educación Fernando Haddad.

“Que el pueblo brasileño decida”

Desde su reclusión, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva hizo votos porque el pueblo brasileño le de la oportunidad de participar en los comicios y ganar.

“Quiero que el pueblo brasileño pueda decidir si me dará la oportunidad de, junto a él, arreglar este país (…) a partir de mañana vamos a expandirnos por Brasil (…) cada uno de ustedes tendrá que ser Lula haciendo campaña por Brasil, recordando al pueblo brasileño que en los gobiernos del PT el pueblo tuvo más empleo, mayores salarios y mejores condiciones de vida”, escribió.

En la misiva, Lula se mostró confiado en que la justicia le permitirá estar en las elecciones de octubre, a pesar de que, a priori, la legislación impide candidaturas de personas condenadas en segunda instancia.

El expresidente remarca que sus derechos políticos están intactos, y ya incluso contempla recurrir a instancias superiores al Tribunal Electoral.

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