Una independencia declarada y suspendida

VIÑETAS LATINOAMERICANAS

Lo que sucedió este martes en Barcelona fue extraño: el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, declaró la independencia de la nación y acto seguido suspendió los efectos de esa declaración. En palabras de Puigdemont, la suspensión se debe a un intento de restablecer el diálogo con el gobierno español hasta alcanzar una solución pactada. Esta fórmula ambivalente podría abrir la puerta a una posible salida: un referéndum negociado sobre la base de una reforma de la Constitución de 1978.

Puigdemont y el bloque hegemónico del parlamento catalán han dado por válido el resultado de la consulta unilateral del 1 de octubre. Entienden ese resultado, en el que más de 2 millones votaron por separarse de España, como un mandato soberano, aunque no rebase el 40% del padrón electoral. En síntesis, se trataría de la imposición de un status de soberanía por una parte de la ciudadanía catalana al resto. Sin embargo, el llamado al diálogo con Madrid podría sugerir que la Generalitat estaría dispuesta a descartar los resultados del 1 de octubre e intentar otro referéndum, reconocido por el Tribunal Constitucional.

Este miércoles circuló la noticia de que Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), había logrado un acuerdo con Mariano Rajoy y el PP para abrir un proceso de reforma constitucional. De verificarse ese entendimiento estaríamos en presencia de un nuevo proceso de convocatoria a consulta en el que los ciudadanos catalanes, nacionalistas o no, que quieren autonomía y autogobierno, pero no constituirse en un Estado independiente republicano, tengan los mismos derechos a expresarse y a votar de acuerdo con su voluntad. El resultado de un referéndum en tales condiciones equitativas sí tendría la legitimidad necesaria para ser vinculante.

Para que esa solución se encamine no sólo se requiere que el gobierno de Mariano Rajoy deponga la criminalización y la represión del separatismo republicano en Cataluña sino que las propias autoridades legislativas y ejecutivas catalanas abandonen la idea de un proceso constituyente en curso. Tres de los principales partidos secesionistas, Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y la Candidatura de Unidad Popular (CUP), sostienen que el proceso constituyente hacia un Estado republicano ya está en marcha. Con lo cual estarían atribuyéndose una soberanía que sólo corresponde a la mayoría de los catalanes, tras un referéndum negociado.
Una reforma de la Constitución de 1978 sería un punto de partida idóneo para avanzar hacia un nuevo ejercicio de democracia directa, que dé una solución satisfactoria al problema de la soberanía catalana, evitando el despotismo de la minoría. Ni el autoritarismo judicial de Madrid ni el populismo plebiscitario de Barcelona favorecen soluciones ponderadas a un conflicto en que se juega la suerte de Cataluña, España y la Unión Europea.

Rafael Rojas

Rafael Rojas

Historiador, internacionalista.
Rafael Rojas

Latest posts by Rafael Rojas (see all)