Starbucks debe advertir del riesgo de cáncer en sus cafés en California

Un juez de Los Ángeles determinó que Starbucks y otras 90 compañías de café deberán poner una etiqueta de advertencia por riesgo de cáncer en los cafés y sus productos derivados que vendan en California.

Según el magistrado del Tribunal Superior, Elihu Berle, estas compañías no han podido demostrar que no exista una amenaza por un compuesto químico derivado de la elaboración del café de sus productos.

La compañía, y otras 90 acusadas en este caso, tienen hasta el 10 de abril para presentar alegaciones. Entre estas empresas se encuentran Green Mountain Coffee Roasters Inc, la J.M. Smucker Company y Kraft Foods Global.

El Consejo para la Educación y la Investigación sobre Tóxicos, un grupo sin fines de lucro, demandó a Starbucks y a otras 90 compañías con base en una ley estatal que obliga a las empresas a advertir sobre una amplia gama de sustancias en sus productos que pueden causar cáncer.Una de ellas es la acrilamida, un cancerígeno presente en el café.

“Los demandados no cumplieron con la carga de mostrar... que el consumo de café confiere un beneficio a la salud humana”, escribió Berle en su fallo propuesto.

Las empresas del ramo afirman que el compuesto está presente en niveles inocuos y que deberían estar exentas de la ley porque se genera de forma natural a partir del proceso de tostado de los granos para darles sabor. También arguyeron que el café es bueno para el organismo.

El fallo fue emitido a pesar de que en los últimos años han disminuido las preocupaciones frente a los posibles peligros del café, y algunos estudios han encontrado que tiene ciertos beneficios para la salud.

En 2016, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, de la Organización Mundial de la Salud, retiró al café de su lista de “posibles cancerígenos”.

La demanda fue presentada bajo la Ley de Control del Cumplimiento de la Normativa sobre Agua Potable Segura y Productos Tóxicos, que los electores aprobaron en 1986. Esa ley permite a los ciudadanos, grupos de defensa y abogados presentar demandas a nombre del estado y cobrar una parte de las sanciones civiles.

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