Visión sesgada: Zetas en Coahuila

STRICTO SENSU

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El mes pasado la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas en Austin publicó un estudio “Control… Sobre Todo el Estado de Coahuila”, basado en las declaraciones
de testigos en tres juicios llevados a cabo en juzgados federales tejanos. El primer
juicio, realizado en Austin, involucró a Francisco Colorado, propietario de un rancho de crianza equina ubicado en Estados Unidos, acusado de lavar decenas de millones de dólares por medio del negocio de caballos de carreras.

El jurado condenó a Colorado y a cuatro coacusados por lavado de dinero. El equipo investigador revisó las declaraciones de doce testigos.

En el segundo juicio, verificado en San Antonio, el imputado fue Marciano Millán, comandante de alto rango de los Zetas en Piedras Negras. Millán había sido juzgado y exonerado previamente por las autoridades coahuilenses.

Los investigadores analizaron las declaraciones de once testigos, quienes afirmaron haber presenciado ejecuciones y otros delitos. Millán fue sentenciado al encontrarlo responsable de asesinatos vinculados con el tráfico de drogas, poseer armas de fuego para cometer un crimen de narcotráfico y tráfico de drogas en Estados Unidos.

El tercer juicio, llevado a cabo en Del Río, se realizó encontra de dos importantes miembros de la jerarquía del cartel: José Lugo (alias el Cochiloco) y Emilio Villalobos, acusados de posesión y tráfico de marihuana, posesión de arma para cometer un crimen de narcotráfico y tráfico de armas. Los investigadores universitarios revisaron el testimonio de un ex policía municipal de Piedras Negras. Los dos imputados fueron sentenciados a cadena perpetua.

Los testigos señalaron la existencia de sobornos millonarios a los gobernadores de Coahuila, a cambio del control del estado. También declararon que Los Zetas controlaban a jefes de la policía municipal, procuradores estatales y federales. Revisados los testimonios de 25 testigos de los tres procesos, los investigadores llegaron a dos conclusiones: que Los Zetas cometieron impunemente numerosas violaciones a los derechos humanos y que
varios servidores públicos estuvieron involucrados en la comisión de estos abusos.

Sin tomar partido sobre la veracidad de los hechos expuestos, me inquieta que el informe omite mencionar cuáles incentivos, en términos de reducciones a las penas impuestas, fueron ofrecidos a los testigos a cambio de sus declaraciones. No se trata de un aspecto menor, pues el propio informe reconoce que la mayoría de los declarantes son miembros de Los Zetas. Por otra parte, no deja de sorprender que, entre sus muchos apologistas, se haya minimizado que la primera conclusión del equipo de investigadores es absolutamente improcedente. Ello en razón de que, según las leyes mexicanas, las violaciones a los derechos humanos únicamente pueden ser realizadas por servidores públicos, jamás por particulares. Indudablemente Los Zetas han actuado en Coahuila de manera
cruel y sanguinaria; no obstante, los actos cometidos (homicidios, tortura, mutilaciones, etcétera) son delitos y no violaciones a los derechos humanos. Lejos de esclarecer lo sucedido en Coahuila, la parcialidad del informe impide conocer la verdad de los hechos.

Mauricio Ibarra

Mauricio Ibarra

Abogado (UAM) y maestro en Economía y Política Internacional (CIDE).
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