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Manifestantes bloquean vías de Managua, ayer. Foto: AP
Manifestantes bloquean vías de Managua, ayer. Foto: AP

Estados Unidos responsabilizó ayer al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y a su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, por la violencia que ya dejó un saldo de más de 440 muertos desde el inicio de las protestas antigubernamentales en abril. En una nota oficial, la Casa Blanca aseguró que Ortega y Murillo “son responsables en última instancia por los grupos parapoliciales favorables al gobierno que han brutalizado a su propio pueblo”.

Las manifestaciones en Nicaragua se iniciaron el 18 de abril contra una reforma del seguro social, pero derivaron en masivas protestas que fueron respondidas por fuerte represión y motivaron pedidos de renuncia de Ortega. La Iglesia católica nicaragüense intenta una mediación del diálogo entre gobierno y oposición.

En el documento divulgado ayer, la Casa Blanca pasó revista a las medidas adoptadas a este respecto, en especial la sanción a tres funcionarios nicaragüenses, paso que consideró “el inicio, no el fin, de potenciales sanciones”.

Además, Washington revocó o restringió el otorgamiento de visas a funcionarios nicaragüenses que hayan tenido cualquier relación con represión a protestas o actos de violencia.

Ortega y Murillo son responsables en última instancia por los grupos parapoliciales favorables al gobierno que han brutalizado a su propio pueblo”

Casa Blanca

En un comunicado

Según la nota, la Casa Blanca tramitó la devolución de automóviles que habían sido donados a la Policía Nacional de Nicaragua y que habrían sido utilizados en la represión, y además ha bloqueado nuevas donaciones de equipos a las fuerzas de seguridad.

El pasado martes, el vicepresidente Mike Pence ya había exigido a Ortega el fin de la violencia en Nicaragua, que consideró “patrocinada por el Estado”. En un mensaje publicado en la red Twitter, Pence también pidió que se anticipen las elecciones presidenciales previstas para 2021 en Nicaragua.

Más tarde, durante una ceremonia sobre libertad religiosa que se realizó en el Departamento de Estado, Pence aseguró que en Nicaragua el gobierno “está virtualmente en guerra con la Iglesia católica” y personas “armadas con machetes (…) han atacado templos”.

Sin embargo, Ortega ofreció en la semana una entrevista al canal de TV estadounidense FoxNews en la que descartó renunciar a la presidencia.

De acuerdo con Ortega, “adelantar las elecciones crearía inestabilidad, inseguridad y empeoraría las cosas”.

En esa entrevista Ortega también buscó reducir el tono de enfrentamiento con la iglesia católica, y negó que hombres armados relacionados con el gobierno hayan matado a tiros a dos jóvenes refugiados en una iglesia.

La semana pasada, la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense aprobó una resolución en la que pide al gobierno la adopción de más sanciones contra funcionarios nicaragüenses.

El texto “pide a EU que continúe condenando las atrocidades en Nicaragua, exija la liberación de los detenidos injustamente e identifique a aquellas personas cuya participación en esta violencia califica para la imposición de sanciones”.

Tácticas de represión

El régimen de Daniel Ortega ha asesinado a al menos 306 manifestantes. Los mecanismos de violencia que ha aplicado son:

  • La policía, elementos armados y otros grupos violentos llevan a cabo las denominadas “operaciones de limpieza” en diferentes partes del país.
  • Los paramilitares, leales al gobierno, operan “con el apoyo expreso o tácito, y en coordinación con la policía y otras autoridades estatales”, denuncia la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
  • De acuerdo con un informe de la ONU, la policía y las autoridades en Nicaragua encarcelan a personas sin someterlas a un proceso judicial y las torturan.

Echan a médicos por atender a opositores

Al menos ocho médicos de diversas especialidades que atendieron a heridos en las protestas de los últimos tres meses en Nicaragua fueron despedidos del hospital público en el que trabajaban. Las autoridades sanitarias no explicaron la causa, pero los afectados aseguraron que fue por recibir y curar a los lesionados en las manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega.

Las cartas que pudo ver The Associated Press van firmadas por Judith Lejarza Vargas, directora del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello, en León, una ciudad 90 kilómetros al noroeste de la capital. En ellas se notifica a los doctores que se prescinden de sus servicios a partir de ese momento y que se les liquidará como se establece la ley. No hay explicación sobre la causa del despido.

El médico Javier Pastora Membreño, que era el jefe del Departamento de Cirugía y Endoscopía, aseguró que la decisión de la dirección del hospital era el grado de represión que está sufriendo la población nicaragüense.

“Somos médicos, no terroristas”, afirmó a AP este médico con 33 años de experiencia en la sanidad pública. “Nuestro delito es haber recibido a los heridos”, denunció.

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