La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que fueron localizados sin vida, en Veracruz, la defensora de los derechos humanos Sandra Estefana Domínguez Martínez —perteneciente a la etnia mixe— y su esposo, Alexander Hernández Hernández, quienes estaban reportados como desaparecidos desde el pasado 8 de octubre.
En un comunicado, la institución indicó que las líneas de investigación que se han seguido apuntan a que los responsables de la desaparición de la activista y de su cónyuge fueron integrantes de células delictivas que operan en Veracruz.
Precisó que la localización de los cuerpos se dio el pasado 24 de abril, cuando se desplegó un operativo para dar cumplimiento a una orden de cateo en un inmueble ubicado en el camino de terracería que une a las comunidades La Ceiba y Unión Progreso, en el municipio de Santiago Sochiapan, de la citada entidad.
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- El Dato: Sandra Domínguez, perteneciente a la etnia mixe, era abogada de profesión y estaba dedicada a defender los derechos de comunidades indígenas.
En el lugar fueron halladas dos fosas en las que se encontraban los cadáveres de la activista y de su esposo, mismos que fueron trasladados al Instituto de Servicios Periciales, en donde se acreditó con estudios que se trataba de Sandra Estefana Domínguez Martínez y de Alexander Hernández Hernández.
El órgano de procuración de justicia indicó que las investigaciones realizadas principalmente en la región de la Cuenca del Papaloapan permitieron la realización de acciones concretas, como la localización de la camioneta de las víctimas, que estaba abandonada en la localidad de Playa Vicente, en Veracruz.
Añadió que, desde el 17 de octubre, una semana después de que se reportó la desaparición del matrimonio, se localizó el teléfono de Sandra Domínguez en la comunidad El Nigromante, también en territorio veracruzano.
La instancia investigadora apuntó que durante la búsqueda de las víctimas se implementaron diversos operativos y se dio cumplimiento a órdenes de cateo en diferentes propiedades.
Uno de los más relevantes ocurrió en el rancho El Capricho, ubicado a un costado de la carretera federal 147, en el tramo Palomares Tuxtepec, en donde su propietario, identificado como A.G.T., fue abatido al oponer resistencia a ser capturado. En los hechos también perdieron la vida dos de sus acompañantes y un agente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal.
Gracias a este operativo, apuntó la Fiscalía, se obtuvo la información que condujo a la delimitación de los polígonos de búsqueda, gracias a lo cual se estableció que las víctimas podrían estar en el lugar en el que, finalmente, fueron encontradas el pasado jueves.
“Los avances en el caso permiten establecer sólidas directrices para seguir una ruta bien definida sobre los siguientes pasos en la investigación ministerial que sigue en curso, para saber si hay más personas responsables por la comisión de este delito, con el objetivo que las víctimas directas e indirectas tengan garantías de que tendrán pleno acceso a la justicia”, dijo la institución.
Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, dijo que el hallazgo de los cuerpos es resultado de “un trabajo profesional que se hizo desde el primer día que se tuvo conocimiento de su desaparición”.
- 38 años de edad tenía la activista Sandra Domínguez Martínez
Durante su conferencia de prensa semanal, el mandatario apuntó que “siempre se pensó que no se estaba haciendo nada y que no había búsqueda, pero esto es resultado de todo lo que se hizo”.
“Hay quienes comentaban que la Fiscalía no hacía nada y muchas voces de nuestros detractores, por ejemplo, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, decía que la Fiscalía no estuvo haciendo nada; muy lamentable, yo me quedé callado, pero ya no puedo quedarme callado, creo que es una irresponsabilidad que no se valore los trabajos profesionales que se hacen”, dijo.
Al conocerse la noticia de la aparición sin vida de Sandra Domínguez y de su esposo, el activista Joaquín Galván, compañero de la mujer en la defensoría de grupos vulnerables, condenó el doble asesinato y exigió que se haga justicia.
En declaraciones a medios locales, Joaquín Galván lamentó la versión de la FGE-Oaxaca, en el sentido de que grupos delictivos de Veracruz están detrás del crimen, pues con esa narrativa, dijo, buscan desligar la actividad de la defensa de los derechos humanos que emprendió Sandra Domínguez.
“Es una falta de ética y lo dice la Ley General de Víctimas, que no se debe criminalizar, pero al Gobierno le conviene insistir en esa línea de investigación para desligar la actividad de derechos humanos”, dijo el defensor de indígenas.
A su vez, el movimiento Ley Olimpia pidió en sus redes sociales justicia para Sandra Domínguez, quien, recordó, había denunciado a servidores públicos de Oaxaca por compartir imágenes de mueres de la etnia mixe a través de grupos de WhatsApp.
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LMCT
