Durante 2024 se registraron cinco agresiones a personas defensoras del medioambiente en Baja California Sur, lo que representa un alza de 400 por ciento con relación a 2023, cuando sólo hubo un evento de este tipo.
Los ataques a ambientalistas en 2024 en la entidad gobernada por el morenista Víctor Manuel Castro Cosío, casi alcanzaron la cifra que se tenía en los 10 años anteriores, que era de seis.
Estos datos encendieron las alertas en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), en cuyo informe anual se refleja una preocupación por lo que ocurre en esta pequeña entidad federativa del Pacífico, en la que durante muchos años prácticamente no hubo agresiones de esta naturaleza.

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Felipe Romero, integrante de esta organización no gubernamental, confirmó a La Razón que, en años anteriores, el estado de Baja California Sur tenía registros muy bajos, casi nulos, de agresiones a personas defensoras del medio ambiente. Se trataba de una “región tranquila”, afirmó.
“Nosotros antes documentábamos una agresión, de repente dos, eran muy pocos los casos; pero a partir del año pasado empezamos a notar cambios, como mayor presencia del crimen organizado en el contexto de implementación de proyectos turísticos y en casos relacionados con actividades pesqueras”, dijo.

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Agregó que la cifra de agresiones contra ambientalistas puede ser mayor, pero el involucramiento del crimen organizado ha generado temor entre la población en general y, quizá, eso lleve a que los activistas no denuncien los ataques y amenazas que reciben.
En estos momentos, grupos defensores del medioambiente en Baja California Sur libran una batalla en contra de los megaproyectos inmobiliarios La Abundancia y Baja Bay Club en el Parque Nacional Cabo Pulmo, por la devastación que podrían provocar en el lugar.
En días pasados, la organización internacional Greenpeace inició una campaña de recolección de firmas para exigir a los Gobiernos estatal y federal que cancelen esos proyectos, que “no sólo van a destruir los hermosos paisajes naturales de la zona, sino que pondrán en riesgo las ballenas, mantarrayas gigantes, tiburones, tortugas y hasta uno de los arrecifes naturales de coral más importantes de México y del mundo”.
Hasta el momento, un poco más de nueve mil personas se han sumado al llamado que hace Greenpeace para que sean cancelados los proyectos, a fin de proteger al Parque Nacional de su posible destrucción.
De acuerdo con Greenpeace, como parte de estos dos proyectos se pretende construir cientos de habitaciones de hotel, campos de golf, villas, club de playa y centros comerciales, obras equivalentes a 98 veces el Estadio Azteca, lo que, además del daño ambiental que provocará, afectará a las familias que dependen del ecoturismo y la pesca en Baja California Sur.
El 14 de octubre del año pasado, Aleira Lara, directora de campañas de Greenpeace México, apuntó que uno de los aspectos más cuestionados de los proyectos a desarrollar en Cabo Pulmo es la explotación prevista de los mantos acuíferos, los cuales son muy limitados en el municipio de Los Cabos.
Añadió que también preocupa la gestión de las 2.2 toneladas de basura que generará cada día sólo el desarrollo La Abundancia, ya que la zona de por sí enfrenta ya un grave problema en manejo de desechos sólidos.
El pasado 9 de febrero, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) suspendió de manera provisional las autorizaciones de impacto ambiental que el Gobierno estatal, encabezado por Víctor Manuel Castro, y el federal, en la administración de Andrés Manuel López Obrador, habían otorgado para ambos desarrollos.
Lo anterior obedeció a peticiones expresas de diversas organizaciones defensoras del medio ambiente, entre ellas Cemda; sin embargo, los proyectos no han sido cancelados, por lo que existe la posibilidad de que ambos se reactiven en cualquier momento.
Cabe recordar que en la región de Cabo Pulmo fue creado un Parque Nacional mediante decreto expedido en 1995, durante el sexenio del Presidente Ernesto Zedillo, con el objetivo de preservar su biodiversidad marina, de la cual forman parte diversas especies endémicas.
BALLENAS EN RIESGO. Los ambientalistas de Baja California Sur también están en pie de lucha en contra del proyecto Saguaro, que consiste en la construcción y operación de un gasoducto de 800 kilómetros, que atravesaría la Sierra Madre desde Texas, en Estados Unidos, hasta el estado mexicano de Sinaloa; pasaría por Sonora, pero afectaría los ecosistemas en Baja California y Baja California Sur.
En un estudio elaborado por el Programa de Investigación de Mamíferos Marinos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, se establece que la realización de este proyecto ocasionaría la muerte de grandes ballenas y afectaría a por lo menos otras 30 especies de cetáceos que habitan o migran frecuentemente al Mar de Cortés.
El pasado 1 de marzo, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente informó que por el momento no es posible que se inicien las obras, pues están en curso cinco demandas de amparo, además de que las autoridades ambientales “revisan cuidadosamente el proyecto en atención a la solicitud de colectivos”.
- El Dato: La tormenta tropical Ileana, que azotó la costa de Baja California Sur a mediados del pasado mes de septiembre, provocó daño en algunos ecosistemas.
Felipe Romero, activista de Cemda, explicó que en Baja California Sur, como en otras entidades del país, hay ausencia del Estado, pues las denuncias por agresiones en contra de defensores del medio ambiente “nunca son escuchadas por las autoridades estatales”.
De acuerdo con el informe de esta organización, 2024 fue un año muy violento para las personas defensoras del medio ambiente, pues se registraron 94 eventos de agresión a nivel nacional.
El documento consigna que el año pasado el número de asesinatos de activistas en defensa de la ecología pasó de 20 a 25, lo que representa un aumento de 25 por ciento, con relación a 2023.