La decisión de la mayoría en el Senado de la República de procesar en fast track la reforma a la Ley de Amparo, sin la realización de un parlamento abierto formal, encendió las alertas de los especialistas en derecho y del Poder Judicial, quienes advirtieron a La Razón riesgos de retrocesos en el acceso a la justicia.
En contraste, senadores de Morena que encabezan las comisiones dictaminadoras insisten en que el espíritu de la iniciativa no afecta derechos fundamentales y que los cambios buscan corregir excesos.
La magistrada federal Lilia Mónica López sostuvo que las experiencias previas muestran los peligros de aprobar reformas sin escuchar a todos los sectores. “La experiencia nos demuestra —y basta como ejemplo la reforma judicial aprobada de la misma manera— que, aunque aparentemente hubo parlamento abierto, en la realidad no se escucharon las advertencias. Los peligros que se señalaron, hoy se han materializado”, afirmó.
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- El Dato: La reforma modifica la Ley de Amparo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal Contra la Delincuencia, el Código Fiscal de la Federación y otras normativas.
Señaló que esta propuesta en particular: “Está cerrando caminos de acceso a la justicia, sobre todo para los colectivos. En lugar de mejorar el juicio de amparo, hacerlo más expedito y protector de derechos humanos, lo que vemos es una restricción. Una figura tan importante, nacional e internacionalmente, como el amparo, se va quedando sin dientes para controlar a la autoridad”.
El abogado constitucionalista Gerardo Carrasco coincidió en que los riesgos aumentan cuando no se escuchan todas las voces. Y agregó: “Siempre es preferible que cualquier tema legislativo importante y polémico se discuta abiertamente no sólo en comisiones, sino con la participación de la sociedad civil. Los riesgos de no hacerlo son que no se recojan todas las voces y que el ejercicio legislativo carezca de insumos técnicos adecuados”.
Reconoció, sin embargo, que la iniciativa también contiene aspectos positivos, particularmente en el ámbito digital. “Algunos han dicho que ahora sí se podrán promover amparos por Internet, pero eso existe desde 2013. Lo que hace la reforma es fortalecer esas herramientas, por ejemplo, en las notificaciones electrónicas”, señaló.
Explicó que esto permitiría que juicios que hoy duran años se resolvieran en la mitad del tiempo. No obstante, también consideró preocupante la limitación de suspensiones, sobre todo en casos vinculados con lavado de dinero. “Mientras un juez decide si hubo error o no, la suspensión permite congelar los efectos de la decisión gubernamental. Si esa medida se limita, se puede generar un daño irreversible antes de que llegue la sentencia”, advirtió.
En contraste, la magistrada López Benítez advirtió que los retrocesos pueden verse en el interés legítimo, en el cumplimiento de sentencias y en la suspensión del acto reclamado, pues “la iniciativa restringe ese interés legítimo, y con ello se impide que estos grupos, generalmente discriminados, puedan acudir a la justicia”.
Además, criticó que “si ahora se permite que la autoridad simplemente diga que está imposibilitada para cumplir, sin sanción alguna, el amparo pierde funcionalidad y credibilidad”. Y alertó que “la iniciativa limita la suspensión cuando se afecte el interés social o el orden público, conceptos tan amplios y subjetivos que la autoridad podría usarlos a discreción”.
Para el analista político Antulio Ontiveros la reforma no representa un retroceso, sino ajustes necesarios. Reconoció que existe un uso abusivo de los amparos pero matizó: “No veo nada nocivo en la modificación que se plantea. No hay un menoscabo en los derechos: ésos van a permanecer intocables”.
No obstante, señaló que la reforma “tendría más legitimidad y transparencia si hubiera un debate abierto, como un parlamento abierto o consultas sobre la Ley de Amparo. Pero seamos honestos: Morena tiene mayoría y no necesita de la oposición para aprobar la reforma”.
Desde el Senado, la narrativa es distinta. Enrique Inzunza Cazarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, aseguró que la iniciativa busca fortalecer el juicio de amparo, aunque admitió que algunos puntos ameritan revisión.
“La Presidenta es una mujer proderecho, progresista, y lo ha dicho en la mañanera: lo que pretende es que el amparo, como medio de defensa por excelencia de los mexicanos, se fortalezca. De hecho, podemos decir que el amparo es ‘hecho en México’, porque es una institución que tiene una historia particular en nuestro país. La iniciativa no es restrictiva”, sostuvo.
Reconoció que el tema del interés legítimo es uno de los más polémicos, pero defendió que se trata de criterios ya fijados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). No obstante, aceptó que sería necesario afinar la redacción “para que no haya la posibilidad de un entendimiento restrictivo, porque no es el propósito una reforma regresiva”, dijo.
Inzunza también consideró que sería sano abrir un espacio breve con especialistas: “No tiene por qué ser un proceso largo: un par de conversatorios, una o dos sesiones, donde participen 10 o 20 especialistas que quieran opinar sobre los cambios”.
En la misma línea se expresó Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, quien planteó que es necesario un espacio de consulta que permita revisar los alcances de la iniciativa.
“Coincido con Inzunza Cazarez, no es cambiar el espíritu de la reforma encaminada a fortalecer el juicio de amparo, sino un espacio de consulta, a partir de un seminario o conversatorio con litigantes y académicos expertos en la materia que permita revisar el alcance de algunos de los cambios propuestos”, mencionó.