Jornaleros en Nayarit y zonas aledañas dijeron a La Razón que en 2026 sufrirán un histórico daño estructural en materia económica y social si los diputados y senadores incrementan los impuestos a los cigarros, por lo que hicieron un llamado a diputados “a no poner mayor carga fiscal a cigarros aumentaría mercado negro”.
La Asociación Rural de Interés Colectivo de Productores de Tabaco (ARIC) dijo que la producción de tabaco podría caer 30 por ciento en 2026, y en misma proporción, la contratación de jornaleros, quienes podrían verse en la necesidad de migrar hacia Estados Unidos o estar tentados en sumarse a las filas del crimen organizado, sobre todo ahora que las lluvias han azotado al país, perdiendo sus cosechas, las cuales pagan cada vez a costos más bajos.
En este sentido, la organización exhortó a los legisladores desechar la propuesta contenida en el paquete económico 2026, pues de lo contrario entregarán a la ilegalidad, al menos, la mitad de mercado nacional de cigarros y con ello sentarán un golpe sin precedentes a la economía y sociedad de Nayarit, estado en el que se cultiva tabaco en 10 de sus 20 municipios.
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Oliver González Sánchez, presidente de la organización que aglutina a más de tres mil productores de tabaco, afirmó que el campo mexicano “está en crisis y particularmente en esa entidad federativa, porque a diferencia del cultivo del tabaco, no hay otra actividad agrícola que ofrezca una opción económicamente rentable”.
Al respecto, explicó que la compra y venta de tabaco se hace a través de un precio de garantía, el cual es negociado previamente con la industria. Para protegerse de fenómenos meteorológicos, cuentan con un seguro y la asistencia técnica y científica necesaria para potenciar su producción.
Los productores tabaqueros cuentan además con financiamiento para comprar insumos y materiales, lo que les permite tener certeza plena sobre la utilidad que tendrán sus cultivos, a diferencia de lo que ocurre en otros cultivos, como el fríjol, en donde la incertidumbre del precio y la poca rentabilidad son las constantes. Por ello, citó que, en la temporada pasada, la leguminosa se vendió a 18 pesos el kilo, mientras que el tabaco a 60 pesos, lo que implica una diferencia de 233 por ciento.
“El precio del tabaco ha incrementado en promedio un 30 por ciento en estos últimos dos últimos años, lo que garantiza mayores ingresos para productores y jornaleros”, apuntó González Sánchez.
El dirigente de la ARIC, organización de tabacaleros que tienen una extensión de cultivo de nueve mil hectáreas y cosechas anuales por más de 24 mil millones de kilogramos, afirmó que el tabaco es la principal fuente de sustento y desarrollo para miles de familias, y el mayor productor de esa planta a nivel nacional.
“En el tabaco le damos trabajo a 15 mil jornaleros, los cuales, alrededor del 80 por ciento son migrantes de comunidades indígenas como Huicholes, Coras, Tepehuanos y Mexicaneros que ganan en promedio 90 mil pesos por cada temporada de trabajo y que representan el único sustento para su familia”, agregó.
Al respecto, Francisco Javier Rentería, productor de tabaco y miembro de la ARIC, destacó a La Razón, que los productores de tabaco tienen contratado, con respaldo de la industria, un seguro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), condición que los coloca como uno de los pocos sectores agrícolas del país que cuentan con esta prestación social
“Eso nos da acceso a atención médica, derecho a pensión por vejez, invalidez y viudez; anualmente pagamos al IMSS cerca de 40 millones de pesos por este concepto”, agregó.
Asimismo, dijo que también, de la mano de la industria tabacalera, se apoya a los niños migrantes, con el objetivo de combatir el trabajo infantil en los campos de tabaco. Por ello, los hijos de jornaleros de entre 1 y 14 años reciben educación, alimentación, atención médica y esparcimiento.
Sin embargo, el dirigente de la ARIC alertó que si los diputados aprueban la propuesta del gobierno federal, de incrementar los impuestos a los cigarros para 2026, el próximo año bajaría, por lo menos, 30 por ciento la producción de tabaco, en función de que la disposición provocaría que los cigarros “piratas” o de contrabando ocuparían hasta la mitad de la oferta del mercado nacional, lo que impactaría duramente toda la cadena de suministro.
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FGR