La audiencia donde se definirá si se le otorga la libertad anticipada a Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, se adelantó a la mañana de este martes en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.
La continuación del juicio a Duarte inició esta mañana y se ha extendido hasta esta noche. Si la jueza Ángela Zamorano Herrera lo autoriza, Javier Duarte podría quedar en libertad en las próximas horas.
Su defensa acreditó en días pasados haber cumplido la mayor parte de la pena que se le impuso en 2018 por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.
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La resolución quedó fijada para una audiencia del Poder Judicial de la Federación, a cargo de la jueza Ángela Zamorano Herrera, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, inicialmente programada para este miércoles, en la que se evaluaría si Duarte reúne los requisitos legales para recobrar su libertad: tiempo efectivo cumplido, buena conducta y ausencia de procesos que lo impidan.
Duarte fue condenado en 2018 a nueve años de prisión por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Originalmente, había sido señalado por el delito de delincuencia organizada, sin embargo fue reclasificado a asociación delictuosa, que amerita una pena mucho menor, tras las investigaciones por el presunto desvío multimillonario de recursos durante su administración (2010–2016).
Fue acusado de encabezar una red de empresas fantasma utilizada para desviar recursos públicos por más de mil 600 millones de pesos. Además, su administración fue señalada por presuntos actos de corrupción, malversación de fondos y por falsas quimioterapias para niños con cáncer.
Tras solicitar licencia a su cargo en 2016, huyó del país y fue detenido en Guatemala en abril de 2017. Fue extraditado a México y condenado en 2018 a nueve años de prisión.
Aunque en 2023 fue absuelto del delito de desaparición forzada, quedó vigente su condena por lavado de dinero y asociación delictuosa.
La defensa del exmandatario sostiene ya cumplió alrededor del 95 por ciento de la pena y por ello solicitó el beneficio de la liberación anticipada; de negársela, su salida sería al término formal de la sentencia, prevista para abril de 2026.
La semana pasada, sus abogados presentaron 24 pruebas y testimonios a su favor, alegando buena conducta, tiempo de reclusión cumplido y ausencia de causas vigentes.
Mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó 12 en contra, argumentando que el exmandatario aún tiene pendientes por cumplir y que su liberación sería una “afrenta a la justicia”.
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cehr
