La iniciativa de reforma electoral que presentará el martes la Presidenta Claudia Sheinbaum, contemplaría, de acuerdo con un borrador que circuló en días pasados, reducir en un 25 por ciento el financiamiento público ordinario de los partidos políticos en años sin elecciones, y genera dudas respecto a qué se hará para que el dinero del crimen organizado no se infiltre por la puerta trasera.
En 2024, los partidos recibieron más de 10 mil 444 millones de pesos de financiamiento federal. En 2026, año sin elecciones federales, las prerrogativas ascienden a siete mil 737 millones de pesos.
- El Tip: La panista Kenia López, presidenta de San Lázaro, recordó que tienen un plazo perentorio de 90 días previos a iniciar el proceso electoral para sacar la enmienda.
Una cifra que, de acuerdo con la normatividad actual, crece de forma automática cada año porque así lo ordena el artículo 41 de la Constitución: el monto se calcula multiplicando el padrón electoral por el 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Sube con la inflación y con el padrón electoral, mejore o no la calidad de la democracia.
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La reforma cambiaría esa fórmula. Según el borrador que circuló en días pasados, y que no fue considerado oficial por figuras como Ricardo Monreal, coordinador de diputados de Morena, el nuevo cálculo utilizaría el 48.75 por ciento del valor vigente de la UMA multiplicado por el número de ciudadanos en el padrón electoral, en lugar del 65 por ciento actual, lo que equivale al recorte del 25 por ciento anunciado.
- 99 mil 713 pesos sería el límite de aportaciones ciudadanas a candidatos
En años de elecciones, el financiamiento de campaña se mantendría en el 50 por ciento ordinario, como ocurre hoy. Un recorte así habría representado un ahorro de mil 750 millones de pesos sólo en 2025.
En lo que respecta a las candidaturas independientes, el borrador establece que los recursos públicos que se les asignen únicamente podrán destinarse a las campañas electorales.
Adicionalmente, las personas candidatas independientes podrán obtener aportaciones privadas, aunque estas deberán provenir exclusivamente de personas físicas mexicanas.
En esa misma línea, el límite de aportación de afiliado o simpatizante de los partidos políticos y candidaturas independientes pasaría de 3.3 millones de pesos al año a 850 UMA anuales, es decir, 99 mil 713 pesos, una recorte drástico del financiamiento privado permitido por la vía formal.
Especialistas plantean como condición indispensable para la reducción del financiamiento público el establecimiento de controles estrictos sobre los ingresos en los partidos.
Investigaciones de Integralia Consultores han documentado que el crimen organizado ya ha desarrollado capacidades de financiamiento electoral en al menos 14 estados del país, y en algunos municipios superan lo que los propios partidos reciben por la vía legal.
El analista político Fernando Dworak Camargo señaló que el problema de fondo nunca ha sido cuánto dinero reciben los partidos, sino cuánto es lo que ingresa por rutas que nadie puede rastrear.
“Nadie está hablando de bancarización de recursos, nadie está hablando de los temas que realmente generarían certidumbre jurídica”, señala.
La reducción del gasto público, dice, puede convertirse en una simulación si no va acompañada de controles estrictos sobre los ingresos, no sólo sobre los gastos como ocurre actualmente: “Es una forma en que el crimen organizado sigue metiéndose en las elecciones”.
La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) ya ha reconocido que solo puede auditar lo que se declara. Lo que no se registra no existe para el sistema. Y el propio INE enfrenta recortes presupuestales continuos que merman su capacidad operativa, mientras la propuesta en circulación no contempla ningún mecanismo de inteligencia financiera ni una articulación sistemática con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para rastrear recursos de origen incierto.
El analista político Jorge Aljovín plantea como condición indispensable que cualquier recorte venga acompañado de una apertura regulada del financiamiento privado y de una fiscalización efectiva por parte del INE.
“Este financiamiento privado debe ser fiscalizado debidamente por el órgano electoral. Si hay una reducción del financiamiento, tendrá que ser compensada con una apertura del financiamiento privado y con un reforzamiento de la fiscalización”, dijo.
El recorte también golpearía a los partidos de forma asimétrica. El PAN y el PRI, que durante dos décadas fueron los principales beneficiarios del financiamiento público, y PT y PVEM, que han mejorado su posicionamiento e incrementado sus recursos en los últimos años a partir del financiamiento obtenido mediante las coaliciones de las que han sido parte, por lo que dependen de él para competir territorialmente.
Morena, en cambio, tiene una red de gobierno que en los hechos funciona como estructura de campaña permanente. Un recorte que podría ser profundamente desigual en la práctica.
Ven “trampa” de la 4T para manejar al INE
› Por Tania Gómez y Yulia Bonilla
Previo a que este martes se conozca el contenido de la reforma electoral impulsada por Morena, la oposición en el Senado advirtió que la discusión sobre plurinominales y financiamiento a partidos es una cortina de humo, pues el verdadero objetivo es desmantelar al Instituto Nacional Electoral (INE) y consolidar un régimen autoritario.
Ricardo Anaya, coordinador del PAN, advirtió: “Todo este cuento de los plurinominales y del dinero a los partidos es una mentira, es una cortina de humo, porque el oficialismo sabe que no tiene los votos para hacer esos cambios, porque entre ellos mismos no se han podido poner de acuerdo”.
El panista señaló que el verdadero objetivo de la iniciativa es quitarle dinero al INE para que “ya no pueda vigilar las elecciones, primero; y segundo, que reduzcan el número de consejeros para que los tres consejeros que están por salir, que son muy incómodos para el sistema, ya no se renueven y entonces Morena tenga el control total del Consejo General”.
Anaya Cortés advirtió que su bancada no acompañará la iniciativa si no incluye sanciones drásticas contra los partidos que reciban financiamiento del crimen organizado, pues, dijo, sin ello, “la reforma será una absoluta farsa”.
Sobre la posibilidad de apoyar cambios en materia de representación proporcional, descartó caer en lo que describió como “la trampa de Morena” de debatir asuntos que el propio oficialismo sabe que no prosperarán por falta de consenso interno.
Manuel Añorve Baños, vicecoordinador de los senadores del PRI, aseguró que su partido votará en contra de “generar un Estado autoritario como el de Venezuela; vamos en contra de la desaparición prácticamente de los organismos autónomos, del apoderamiento del INE, del Tribunal Electoral”.
BUSCAN ACUERDO. Por la tarde, a unas horas de presentar la próxima reforma electoral, la Presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a los aliados de Morena en el Congreso para que conozcan detalles de lo que contendrá el proyecto, del cual podría emanar un acuerdo para que los tres partidos avalen la reforma, dijeron asistentes.
Entre los asistentes a la reunión estuvieron Jorge Emilio González por el PVEM, Ricardo Monreal, coordinador de diputados de Morena, e Ignacio Mier, líder guinda en el Senado de la República.
