División de poderes, en punto crítico, advierten

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá, declaró que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) es vulnerable a ataques de las ramas políticas del Gobierno y que “el Estado de derecho y la división de poderes se encuentran en un punto crítico que demanda soluciones inmediatas”.

Ante juezas y jueces enfatizó que ellos no son políticos en campaña, esto, en el marco del proceso electoral rumbo al 2 de junio, agregó que todos los juzgadores al desempeñar una función técnica, son vulnerables a ataques de las ramas políticas del Gobierno ante la dificultad del lenguaje que utiliza.

Señaló que cuando una persona es acusada por un delito grave y es liberada con base en las violaciones procedimentales, “es muy fácil esgrimir acusaciones en contra de todo el tribunal que tomó la decisión”.

Dijo que los jueces en el país deben estar prestos y atentos a exigir el respeto a su independencia: “Esto exige a los integrantes de los otros poderes, reconocer esta distinción, distinción central entre la naturaleza de sus funciones y abordar el diálogo institucional, pero de buena fe”.

“Esto es notorio en los sistemas presidenciales, en donde los titulares del Ejecutivo gozan de un púlpito privilegiado del cual pueden, si se lo proponen, emprender ataques poderosos para cuestionar la legitimidad de la Judicatura, que no cuenta con un foro equiparable para responder”, agregó.

El ministro hizo estas declaraciones al cumplir con su participación en la Conferencia Inaugural del Ciclo de Conferencias de Actualización Judicial 2024, organizada por el Poder Judicial de la Ciudad de México.

Juan Luis González Alcántara Carrancá llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2018 tras nominado por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cabe señalar que además de su experiencia judicial, Juan Luis González ha sido profesor en la UNAM, la IBERO, el ITAM, entre otras instituciones educativas, e investigador honorífico del Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Su nombramiento fue aceptado por el Senado de la República apenas unos días después de que López Obrador tomara posesión de la Presidencia. Ocupó la vacante dejada por el exministro José Ramón Cossío Díaz.

Su relación con el mandatario federal era tan estrecha que incluso su nombre fue mencionado entre los candidatos para ocupar el puesto de fiscal General de la República, cargo que terminó siendo para Alejandro Gertz Manero.