El expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, compareció ante el Tribunal Constitucional para defender la declaración de ley marcial que llevó a su destitución en diciembre del año pasado, y negó cualquier intento de “insurrección”.
Durante la última audiencia, Yoon argumentó que la medida fue necesaria debido a amenazas de "fuerzas externas, incluyendo Corea del Norte, junto con elementos antinacionales" que, según él, ponían en riesgo la seguridad y soberanía surcoreana.
Además, desestimó las acusaciones de que su objetivo era consolidar el poder, e insistió en que actuó en interés de la nación. “La oposición asegura que tomé esta medida para establecer una dictadura y aumentar mi poder. Esto es totalmente falso", declaró ante el tribunal, según la agencia Yonhap.

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En su defensa, el equipo legal de Yoon citó un fallo reciente de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Donald Trump, en el que se determinó que los expresidentes gozan de inmunidad absoluta respecto a sus “poderes constitucionales fundamentales”.
Su abogado, Lee Dong-chan, sostuvo que esta decisión debería ser considerada en el contexto del juicio político surcoreano.
No obstante, la parte acusadora rebatió esta postura, con el fiscal Lee Gum-gyu señalando que la decisión de Yoon habría obligado a soldados en servicio activo, como su propio hijo, a participar en la imposición de la ley marcial.
El juicio se encuentra en su fase final y se espera que el veredicto sea anunciado en marzo. En caso de que el Tribunal Constitucional ratifique la destitución, Corea del Sur deberá convocar elecciones presidenciales en un plazo de 60 días.
Paralelamente, Yoon enfrenta un proceso penal por presunta insurrección y abuso de poder, también vinculado a la declaración de ley marcial. Es el primer presidente surcoreano en enfrentar un juicio criminal mientras aún estaba en funciones.
Según su defensa, su intención no era instaurar un régimen militar, sino advertir sobre el abuso de poder de la oposición en el parlamento.
Argumentó que no se puede debatir una supuesta orden de intervención militar en la Asamblea Nacional, ya que “nada ocurrió realmente y nadie resultó perjudicado“.
Mientras tanto, el parlamento surcoreano sostiene que la evaluación de Yoon sobre la necesidad de la ley marcial fue errónea y advierte que, de ser restituido, podría tomar decisiones similares en el futuro.
Cientos de simpatizantes del expresidente se congregaron en las afueras del tribunal para exigir la anulación del juicio político, mientras portaban pancartas contra Corea del Norte y el Partido Comunista Chino, a los que Yoon acusa de haber interferido en las elecciones del año pasado en favor de la oposición.
Con información de Europa Press.
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