Declaró este viernes

Jueza de Ecuador dice que captura de Glas es ilegal

Uno de los abogados de Glas, Marcelo Orellana, dijo en declaraciones que “esto es una victoria”, porque se ha reconocido que la detención fue ilegal y arbitraria

Manifestantes exigen la liberación del exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, en Quito, ayer.
Manifestantes exigen la liberación del exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, en Quito, ayer.Foto: Reuters
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La justicia ecuatoriana declaró el viernes que la detención del exvicepresidente Jorge Glas en la embajada de México fue ilegal, pero dispuso que siga en prisión para que cumpla una condena pendiente por casos de corrupción.

Una semana después de la controvertida incursión policial en la sede diplomática mexicana en Quito, la jueza Mónica Heredia dijo que quedó evidenciada la vulneración de la libertad personal de Glas “por ser su detención ilegal formalmente y arbitraria” y señaló que “correspondería la inmediata libertad de la persona afectada”.

Según su explicación, la detención no cumplió con las formalidades de comunicar previamente a las autoridades pertinentes la decisión de allanamiento a la sede diplomática de México.

La irrupción de la policía en la embajada mexicana derivó en una crisis con el gobierno de ese país, que rompió relaciones con Ecuador. La actuación ha sido condenada y cuestionada por la comunidad internacional.

Pese al pronunciamiento judicial, el tribunal decidió que el exvicepresidente Glas, condenado en dos casos de corrupción y con una investigación abierta, quedara en prisión.

“No es procedente conceder libertad al ciudadano al existir en su contra otra orden de prisión de libertad distinta” a la que motivó el pedido de habeas corpus. Glas estuvo presente vía telemática en la lectura del fallo.

La defensa del exvicepresidente había presentado ese recurso para pedir su puesta en libertad. Un habeas corpus busca restituir la libertad de una persona cuando su detención se considera ilegal o arbitraria.

El exvicepresidente tiene pendiente cumplir el total de la pena de prisión de ocho años dispuesta por sentencias de la Corte Nacional en dos casos de corrupción, pero además es investigado en otro caso por malversación de fondos públicos en las obras de reconstrucción de dos provincias tras un terremoto en 2016.