En una votación marcada por la polarización política, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó, ayer, el paquete presupuestario impulsado por el presidente Donald Trump, el cual contempla, entre otras disposiciones, la imposición de un impuesto del 5.0% a las remesas enviadas desde territorio estadounidense al extranjero.
Con 26 votos a favor del Partido Republicano y 19 en contra del Partido Demócrata, el Comité avaló una propuesta que también busca hacer permanentes los recortes fiscales aprobados durante el primer mandato de Trump, los cuales están próximos a expirar. El proyecto ahora deberá discutirse en el pleno de la Cámara Baja antes del 26 de mayo, y de ser aprobado, continuará su trámite en el Senado.
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El nuevo gravamen forma parte de una estrategia republicana que, según sus impulsores, pretende frenar los “abusos” de los más de 11 millones de migrantes indocumentados que residen en Estados Unidos. Sin embargo, su impacto sería mucho más amplio, al aplicarse también a residentes legales permanentes y titulares de visas de trabajo temporal como las H-1B, H-2A y H-2B. Los ciudadanos estadounidenses serían los únicos exentos de la medida.
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MEXICANOS AFECTADOS. El Comité Conjunto de Impuestos del Capitolio estima que el impuesto sobre las remesas generaría una recaudación de 22 mil millones de dólares entre 2025 y 2034. Esta medida afectaría directamente a millones de familias en países receptores, entre ellos México, que en 2024 ha recibido más de 64 mil millones de dólares en remesas, principalmente desde Estados Unidos, de acuerdo con datos del Banco de México. El Banco Mundial señala que las remesas enviadas por trabajadores migrantes desde EU ascendieron a 93 mil millones de dólares en 2023, el mayor monto registrado en la historia y más del triple de lo enviado en el año 2000.
El proyecto aprobado también contempla beneficios fiscales para empresas transnacionales, la eliminación de impuestos a propinas y la exención tributaria en préstamos automotrices para vehículos fabricados en Estados Unidos. Sin embargo, especialistas advierten que el costo de estas medidas sería alto: la Oficina de Presupuesto del Congreso calcula que reducirían la recaudación federal en 5.6 billones de dólares en la próxima década y elevarían la deuda nacional en al menos 3.7 billones.
Pese a la resistencia demócrata, que ha presentado más de un centenar de enmiendas para frenar lo que consideran “el mayor recorte a la seguridad social en la historia del país”, el liderazgo republicano, encabezado por el vocero Mike Johnson, busca acelerar la aprobación del paquete antes del 26 de mayo. No obstante, persisten divisiones internas dentro del propio Partido Republicano, especialmente en torno a la profundidad de los recortes fiscales y el alcance de las deducciones.
La inclusión del impuesto a las remesas también revive propuestas de años anteriores, como la impulsada en 2023 por el entonces senador y actual vicepresidente J.D. Vance, que no logró avanzar en comités, y otras contenidas en el controvertido Project 2025 de la organización conservadora The Heritage Foundation.
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SU IMPLICACIÓN. La imposición de un impuesto a las remesas desde Estados Unidos genera alarma entre expertos, líderes comunitarios y exmigrantes, quienes advierten que la medida podría tener consecuencias negativas tanto para los países receptores como para el propio interés nacional estadounidense.
Desde sectores conservadores se insiste en que este tipo de impuestos funcionarían para frenar la migración ilegal y, además, generar ingresos públicos. Oklahoma es el único estado que ya aplica un gravamen: cobra 5 dólares por cada envío inferior a 500 dólares y 1% por montos mayores, desde 2009.
Los fondos migrantes, además de su valor familiar, son esenciales para las economías globales. India, México y China encabezan la lista de países receptores, y los recursos fluyen sobre todo a través de empresas de transferencia estadounidenses, más que por canales bancarios tradicionales.
Líderes y analistas advierten que estas políticas podrían no sólo debilitar la economía de comunidades en el extranjero, sino también impactar negativamente a ciudadanos y empresas estadounidenses. La paradoja, alertan, es clara: gravar las remesas podría agravar la misma migración que se busca contener.
En 2023, 34% de los inmigrantes mexicanos en EU eran ciudadanos estadounidenses. En total, se estima que alrededor de 38.5 millones de personas residentes son de origen mexicano. Aproximadamente 11.75 millones de mexicanos nacidos en México viven en EU.
