Perú vive hoy una ofensiva contra la sociedad civil que se alinea con los movimientos más preocupantes hacia el autoritarismo contemporáneo que estamos viendo en el mundo.
La llamada #LeyAPCI o #LeyAntiONG, promulgada bajo el gobierno de Dina Boluarte y publicada oficialmente hace un par de semanas, entró en vigor, marcando una nueva y preocupante fase en la larga disputa entre el Estado y las organizaciones civiles independientes.
La nueva ley, aprobada en marzo pasado por el Congreso peruano con 82 votos a favor y sólo 16 en contra, otorga a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) poderes preocupantes. Las ONG que reciban fondos del exterior estarán obligadas a obtener una autorización previa del gobierno para ejecutar cualquier proyecto, especialmente aquellos que impliquen acciones legales contra el Estado, lo que la propia ley califica como una “falta muy grave” y que podría ser sancionada con multas millonarias o la cancelación de su registro. Además, la norma establece términos ambiguos como “intervención en política interna” o “actos que afecten el orden público, la seguridad ciudadana, la defensa nacional”, dejando espacio a la arbitrariedad.
Crece desabasto de diésel
Esta legislación no es un hecho aislado. Desde la llegada de Dina Boluarte al poder, el Congreso peruano ha promovido al menos una decena de iniciativas destinadas a limitar el espacio cívico y a restringir la libertad de expresión. Bajo un discurso de supuesta defensa de la soberanía, típico en los regímenes autoritarios, se legitima una herramienta efectiva de censura previa.
Para entender la gravedad del asunto, basta recordar algunos casos que hoy están en tribunales internacionales gracias al trabajo de estas organizaciones. Está el caso de Azul Rojas Marín, activista trans torturada por la Policía Nacional del Perú; o las múltiples víctimas del conflicto armado interno que, sin la asistencia legal y la representación internacional brindada por las ONG, quedarían en absoluto desamparo. Las ONG no sólo han representado legalmente a las víctimas; también han sacado a la luz casos emblemáticos de corrupción, como los escándalos Lava Jato y Cuellos Blancos, involucrando a altas esferas del poder político y judicial.
Pero la Ley APCI no sólo limita la acción jurídica, también coloca una mordaza sobre el periodismo independiente. Medios que realizan investigaciones críticas gracias a cooperación internacional, como IDL-Reporteros, Ojo Público o Salud con Lupa, estarán obligados a informar previamente sus proyectos a la APCI, la cual podrá censurarlos de antemano. Esta censura previa es, literalmente, el sueño dorado de cualquier régimen con tintes autoritarios.
Ante esta amenaza inmediata, las ONG peruanas han alzado la voz y han convocado a la comunidad internacional para visibilizar y denunciar este abuso. Más de 200 periodistas de América Latina, Europa y Estados Unidos ya han firmado un manifiesto alertando sobre este mecanismo de control político que replica las estrategias autoritarias ya vistas en Venezuela, Nicaragua y Paraguay. Organizaciones internacionales como WOLA, CEJIL y la Sociedad Interamericana de Prensa han señalado claramente que esta ley viola estándares internacionales básicos sobre derechos humanos.
