No es la primera vez que se intenta poner en marcha un tren de pasajeros que una a la Ciudad de México con Querétaro: Carlos Salinas quiso un tren electrificado y algunos postes quedaron dando pena por Tlanepantla, Estado de México; Vicente Fox se propuso que fuera hasta Guadalajara y no pasó del tintero; Enrique Peña Nieto se encarriló en una licitación pero la grilla de las empresas de trenes europeas —que retomó como ataque electoral Andrés Manuel López Obrador— abortó el plan en medio de un ajuste presupuestal diminuto comparado al que se efectúa este 2025; ahora es el turno de Claudia Sheinbaum, que espera los resultados del estudio de aforo contratado con Cal y Mayor.
La estimación de aforo, es decir la cantidad estimada de personas que dejarán el auto y el autobús para subirse al tren, es el elemento crucial para que la Unidad de Inversiones de la SHCP, a cargo de Edgar Amador, determine la tasa interna de retorno y la rentabilidad social que tendrán ese y otros trenes a fin de hacer los desembolsos correspondientes.
Pero ya sabemos que el sexenio pasado el sello de la casa fue calcular números alegres en torno a los Proyectos Emblemáticos: en el caso del Tren Maya se estimó un aforo diario de 3 millones de personas anuales para desembolsar 530 mil millones de pesos. Pero no ha llegado a 795 mil personas en 2024 y espera lograr un millón este año, un dato poco satisfactorio para el general Óscar Lozano Águila, el director que se afana para atraer más pasajeros.
La pregunta es: ¿quién es la autoridad en la GAM?
En la ruta México-Querétaro los estudios previos de aforo —y que hay mucho— son muy variables: desde los catastrofistas, que no le asignan más de 600 viajeros, hasta los panegíricos que hablan de 50 mil viajeros diarios, pasando mediciones más realistas que hablan de 20 mil pasajeros, que significa que se requieren 19 años para empezar a amortizar una inversión inicial de 144 mil millones de pesos que se plantea la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) que lleva Andrés Lajous.
Claro, es sabido que en ningún lugar del mundo ni las vías ni los trenes son rentables, que son inversiones—a costo hundido— que buscan impulsar el desarrollo económico en su entorno, especialmente dentro y alrededor de las estaciones. La definición de los sitios de las estaciones del México-Querétaro vendrán en el plan ejecutivo, aunque por los más diversos factores podrían cambiar los sitios —económicamente disfuncionales en las ciudades clave del sureste— como se ha visto en el caso del Tren Maya.
Pero por ahora será suficiente que Cal y Mayor, a cargo de Marcos Nogueron, presente una cifra lo suficientemente grande de pasajeros que justifique la inversión solicitada por la Agencia pero cualquier número no será suficiente para que ese tren efectivamente obtenga rentabilidad social.
Pero por su parte, hay dos tramos del actual programa ferroviario que resultan prometedores: México-Pachuca y Querétaro-Irapuato. Ya le paso detalles.
Censura, apañe y competencia desigual. Las consultas públicas realizadas por el Poder Legislativo en los últimos 6 años han sido de manera casi total una mascarada, un atole con el dedo, para validar decisiones tomadas desde el Poder Ejecutivo; no importa cuántos ciudadanos, expertos y partidos de oposición expongan los vicios y riesgos de los proyectos de ley objeto de tales consultas, finalmente la “aplanadora” del oficialismo hace caso omiso y sólo deja constancia sobre que permitió el jocosamente llamado “sacrosanto derecho al pataleo”.
Y no tendría razón de ser diferente en la consulta en torno a la regresiva Ley de Telecomunicaciones. Pese a esa consulta la gente sensata tiene pobres esperanzas de que se contendrá el espíritu estatista, controlador y autoritario del proyecto de ley que entrega al “Doctor Ivermectina”, José Peña Merino, el control de infraestructura y contenidos en radiodifusión y telecom bajo la perorata de “recuperación de la rectoría del estado”... que, dicho sea de paso, nunca se perdió pues se administró con criterios tecnológicos y económicos, y no de control político y de pensamiento.
La mayoría oficialista puede “rasurar la redacción” más comprometedora en cuanto a censura, pero mantener su plan absolutista que permitiría a cualquier entidad de gobierno acceder en condiciones privilegiadas a cualquier red de Internet y con ello generando una competencia desleal a quien tiene que pagar por ello.
Pero, además, la mayoría puede aprovechar la letra misma de la propuesta de ley para que empresas de gobierno apañen sin costo concesiones del espectro radioeléctrico y permiso para instalar redes terrestres. Y no se equivoquen: el beneficiario de ello es Altán Redes (aún a cargo de subsecretario Carlos Lerma), que competiría en condiciones ventajosas contra toda empresa nacional o extranjera.
O sea, un estatismo propio de Corea… del norte.
