En poco más de dos semanas se llevará a cabo la elección del Poder Judicial, la cual será una de las más grandes tragedias electorales en la historia de nuestro país.
Cuando elegimos al Poder Legislativo —por ejemplo—, esperamos que quien ocupe la curul se preocupe por quienes lo eligieron y, en principio, defienda e impulse sus intereses. No así de quienes están encargados de impartir justicia, cuya naturaleza de funciones es muy distinta. Sin embargo, por cómo quedó dispuesta la reforma, se elegirán por popularidad funcionarias y funcionarios de quienes se espera experiencia, imparcialidad y autonomía, mediante un proceso que premia la visibilidad, complacencia y cercanía con el electorado.
En cuanto a la operación de la elección, los procesos que tendrán lugar durante y después de la jornada electoral, son preocupantes. Por un lado, al ser tal cantidad de candidaturas —en vez de unos cuantos partidos— las que aparecen en las boletas, no hay forma de acreditar a igual número de representantes en cada casilla para vigilar que no se cometan ilegalidades. La única figura similar es la de observación electoral, cuyas solicitudes curiosamente crecieron exponencialmente, pues fue la manera que hallaron los partidos políticos para estar cerca de las urnas por encima de la ley.
¿A quién le importa?
Por otro lado, no habrá escrutinio ni cómputo de votos en las casillas, con lo que un componente ciudadano fundamental en la organización y validación de la elección, se eliminó. Y no se trató de un mero capricho, sino de otro síntoma de la imposibilidad material para poder llevar a cabo esta elección bajo los procedimientos y estándares habituales de la autoridad electoral. En este sentido, más allá de coordinar la jornada electoral, una vez cerradas las casillas, la labor de funcionarios de casilla se limitará a clasificar las boletas por cargo a elegir y a armar los paquetes electorales, pues con el bodrio de elección que quedó definido en la ley, simplemente resulta logísticamente imposible retenerlos para contar los votos, lo que literalmente les tomaría días.
En cuanto a la certeza en los resultados, no se anularán las boletas sobrantes —por los mismos motivos anteriores—. Los paquetes electorales se enviarán a las sedes distritales sin acompañamiento de representantes. No habrá sábanas al exterior de las casillas con los resultados de la votación. Y no habrá conteos rápidos ni programas de resultados electorales preliminares. Por lo que el único resultado que conoceremos será el de la elección misma, pero 10 días después de que se haya llevado a cabo la jornada electoral, una vez que concluyan los cómputos distritales, una labor titánica —y, en apariencia, imposible en el plazo máximo definido por ley— para consejerías distritales e integrantes del servicio profesional electoral nacional.
Todo lo anterior, sin contemplar lo complejísimo que, en la práctica, implicará votar, por lo que tratar de hacer creer que esta elección es un ejercicio democrático que acercará a la ciudadanía con el Poder Judicial, es una total y absoluta mentira.
