Donald Trump no tiene que sentarse a negociar con nadie ni a debatir. Ni siquiera a explicar. Con su llamada “Big Beautiful Bill”, aprobada apenas la semana pasada, el presidente dejó claro que ya está gobernando otra vez. Éste es el manotazo interno más fuerte para demostrar que puede hacer lo que quiera.
Y lo está haciendo con una agresividad fiscal que no se veía desde los años de Reagan, pero ahora sin pudor, sin filtros y sin freno. Esta ley de casi mil páginas no es sólo una pieza presupuestaria; es una declaración de principios. O mejor dicho, de prioridades: menos impuestos para los más ricos, menos derechos para los más pobres, y una deuda monumental que no piensa pagar él, sino “el de atrás”.
La esencia de la ley es simple, aunque se esconda tras una maraña técnica diseñada precisamente para dificultar y atomizar la crítica: hacer permanentes las rebajas fiscales de 2017 —ésas que beneficiaron de forma desproporcionada al 1% más rico—, aumentar el gasto en defensa y en control migratorio, y financiarlo todo con recortes a programas sociales clave como Medicaid y SNAP.
Señalados
Estados Unidos no se caracteriza precisamente por su política social, pero Medicaid es el programa de salud pública vital para personas de bajos ingresos, y SNAP es la red de apoyo alimentario que evita que millones pasen hambre. Con esta reforma, casi 12 millones de personas —en su mayoría latinas y afroamericanas— perderán su cobertura médica. En el reajuste de prioridades también ICE saltará a convertirse en una superagencia, pues su presupuesto se multiplicará casi por 10 para construir prisiones y reclutar agentes por todo el país para seguir persiguiendo migrantes.
La trampa está en la promesa: se dice que es una ley para “hacer más eficiente” el gasto público. Pero lo que realmente hace es redistribuirlo hacia arriba o usarlo contra una parte de la población. Mientras los hospitales rurales cierran y los alimentos suben de precio para quienes reciben ayuda, los millonarios celebran deducciones fiscales de todo tipo a las que sólo pueden acceder las personas más ricas. Es el Estado convertido en repartidor de favores para los que menos lo necesitan.
El costo de esta “hermosa” ley es brutal. La Oficina Presupuestaria del Congreso calcula que la ley sumará 3.3 billones de dólares al déficit de los Estados Unidos en la próxima década. Pero según proyecciones del propio Departamento del Tesoro, si esta lógica se mantiene, la deuda pública podría rebasar el 200% del PIB en 2050. Es decir: Estados Unidos estaría gastando más en pagar intereses de su deuda que en educación, salud o infraestructura. Una espiral de deuda lenta, pero implacable. Sólo que aquí el gobierno sí puede seguir pateando la lata… Aunque eso no evitará que el peso de la deuda ahogue su futuro.
Lo más preocupante, sin embargo, no es la dimensión económica, sino la política. Trump está demostrando que puede rehacer al Estado sin tener nadie que lo frene. La disidencia ha sido y será duramente castigada, pues el movimiento trumpista se basa casi enteramente en la lealtad irrestricta. El mensaje ahora es que el Congreso puede ser una herramienta de imposición, no de representación. Que se puede gobernar como si no hubiera mañana, porque siempre habrá otro presidente que herede el desastre.
