› Gutiérrez Luna se pone la soga
Nos comentan que, al tratar de justificar la asistencia de él y de su esposa, a una fiesta VIP, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, se puso la soga al cuello. El legislador de Morena se fue por la salida fácil de decir que los boletos le fueron regalados, con lo que sólo agravó su situación. Y es que la legislación prohíbe a los servidores públicos aceptar cualquier tipo de regalo. El jueves, el Club 51 estuvo a punto de hundirse junto con Sergio al intentar rescatarlo, pues, al decir que le donaron los boletos, se colocó en el supuesto de la comisión del delito de cohecho, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Ayer, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, aseguró que su compañero de partido explicará, ahora sí, sus gastos, y mencionó: “Siempre he dicho que hay que dar la cara”, lo que muchos entendieron como un exhorto velado. ¿Será?
Desde la barrera
Quien ayer salió de su oficina y se puso el overol, o para ser más precisos, el impermeable, fue el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, presente en las labores de retiro de las ramas de un árbol que se vino abajo en el cruce de Paseo del Pedregal y Lava, en la colonia Jardines del Pedregal. El funcionario pidió a la población de la zona tomar precauciones, debido a que el árbol, que cayó como consecuencia de las lluvias y del fuerte viento, obstruía la circulación vehicular. Segundos después, López Casarín se aplicó y, al igual que varios elementos de la Policía capitalina, se puso a remover ramas y basura. La labor del alcalde morenista quedó grabada en videos que tomaron vecinos y automovilistas, quienes los compartieron en las redes sociales con comentarios positivos sobre la importancia de que los servidores públicos se involucren de manera directa en los trabajos de apoyo a la población. Ahí el dato.
› ¿Y la ombudsperson de Campeche?
A raíz de los agravios que se han presentado en Campeche en los últimos días, muchos se preguntan en dónde está la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos estatal, Ligia Rodríguez Mejía. El pasado 28 de julio, la joven Susan Saravia denunció tortuguismo y trabas en la Fiscalía estatal para investigar su denuncia por violación tumultuaria. El periodista Jorge Luis González sufre el acoso de la gobernadora Layda Sansores desde hace varias semanas y, el miércoles, policías del municipio de Ciudad del Carmen recibieron un castigo humillante por protestar. ¿Y la ombudsperson? Ni sus luces. Hay quienes ven este silencio como algo lógico, pues Ligia llegó al cargo en 2021, impulsada por Layda. Lo lamentable, nos dicen, es que, en aras de la lealtad, exista un inmovilismo total en el organismo que debe velar por el respeto a los derechos humanos. Hay quienes creen que, ante la disciplina —por decir lo menos— de Ligia, Rosario Piedra se quedó corta. Uf.
Con la publicación, ayer, en el Diario Oficial de la Federación, de la convocatoria para la designación del nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, empezó el gran reto que, nos dicen, tiene enfrente la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. De acuerdo con las bases, a partir del miércoles se abrirá un registro electrónico para que colectivos, especialistas y la ciudadanía inscriban a quien consideran que debe encabezar el organismo. Con base en esa lista y en consultas directas con actores involucrados en el fenómeno, la titular de Gobernación deberá, en un lapso de 30 días, hacerle una propuesta a la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien tomará la decisión definitiva. Dicen los que saben que no será nada sencilla la labor de Rosa Icela, pues al perfilar a la nueva persona titular de la Comisión de Búsqueda deberá optar por alguien que cuente con el consenso de los actores involucrados en el tema. Veremos.
Últimamente se habla cada vez más del estado de Baja California Sur, aunque no precisamente bien. Ayer fueron hallados, en Los Cabos, los cuerpos de los jóvenes Pablo Figueroa Martínez, de 17 años, y Xandro Jesús Torres, de 21, quienes estaban reportados como desaparecidos desde el pasado 26 de junio, cuando fueron detenidos por policías municipales. Los crímenes en contra de estos muchachos se suman a una serie de eventos violentos que se han presentado en este destino turístico en las últimas semanas, y que han contribuido a que la percepción de inseguridad haya subido 45.7 por ciento en el segundo trimestre del año. El asesinato de los jóvenes ocurrió en un contexto de violencia creciente en la entidad gobernada por el morenista Víctor Manuel Castro Cosío. El mandatario estatal, por cierto, pidió a la ciudadanía, en días pasados, que reclame por el daño que ocasionan los delincuentes, no por la falta de resultados de las autoridades. Uf.
Todo parece indicar que pasarán otros seis años sin que la Ciudad de México tenga partidos políticos locales. De acuerdo con la consejera electoral del IECM, Maira Melisa Guerra Pulido, cada una de las siete organizaciones que recibieron el aval para seguir con el proceso de conversión en partidos debe tener al menos 20 mil 611 afiliados a más tardar en enero del próximo año, pero actualmente entre todas suman 505. Sólo un milagro haría que, en menos de seis meses, alguna de las agrupaciones cumpliera con la cuota, a juzgar por la cifra irrisoria actual. La expectativa es que, en 1997, sólo compitan por alcaldías y diputaciones locales los partidos que tienen registro nacional, como ha ocurrido siempre en la capital del país. Uno de ellos podría ser México Nuevo Paz y Futuro, impulsado por Sandra Cuevas y Ulises Ruiz, siempre y cuando logre su registro ante el INE, lo que se ve difícil, por el desprestigio de sus “figuras”. Así las cosas.
