La Presidenta Claudia Sheinbaum designó a Pablo Gómez para encabezar una reforma electoral que describe como “sencilla pero ambiciosa”.
El objetivo: reducir los costos del sistema, revisar el financiamiento a los partidos, abrir las candidaturas mediante primarias y reconfigurar al árbitro electoral. La propuesta contempla eliminar el fuero constitucional, suprimir legisladores plurinominales, ajustar el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos locales (OPLE), e incorporar mecanismos más directos de participación ciudadana. Incluso se prevé una consulta nacional para conocer la opinión pública sobre el financiamiento partidista y las listas plurinominales.
En apariencia, los cambios responden a demandas históricas: terminar con privilegios, abrir la competencia interna, gastar menos en política y garantizar un árbitro eficaz. Pero en política, el contenido importa tanto como el contexto. Y el contexto actual es el de un partido hegemónico con mayoría legislativa suficiente para modificar la Constitución sin negociar con la oposición.
Miradas sobre la BJ
Ese escenario despierta dudas legítimas. Las reformas electorales en México casi siempre han respondido a correlaciones de fuerza, no a consensos amplios. En los noventa, el PRI impulsó ajustes que le permitieron administrar la transición y sobrevivir a la pérdida de la Presidencia. En 2007, PAN y PRD pactaron cambios que limitaron la comunicación política con el argumento de frenar campañas negativas, pero que en la práctica reforzaron a los partidos mayoritarios. En ambos casos, la narrativa era mejorar la democracia; el efecto real, consolidar ventajas políticas.
Los riesgos de la actual iniciativa son evidentes. Reducir el financiamiento público puede resonar popularmente, pero en un sistema con débil fiscalización la política podría depender aún más de recursos privados, lícitos e ilícitos, perpetuando la desigualdad y posiblemente la corrupción. Las primarias abiertas, sin reglas claras, pueden facilitar la injerencia de actores externos o convertirse en un campo de batalla interno. Y una reconfiguración del INE o la eliminación de los OPLE sin suficientes blindajes podría debilitar su autonomía y la equidad en las contiendas.
Pablo Gómez asegura que la reforma no será “de camarillas” y que se buscará un proceso abierto. Coordinará la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Su tarea será elaborar el diagnóstico, diseñar la propuesta final y, sobre todo, construir diálogo con legisladores, partidos, académicos y sociedad civil. Pero la apertura no se decreta: se demuestra incorporando propuestas de quienes no forman parte de la mayoría, cediendo en puntos sustantivos y garantizando un diseño aceptado incluso por los adversarios.
El antecedente más sólido de una reforma electoral legítima es la de 1996, que dio autonomía al entonces IFE. Fue posible porque el PRI ya no podía imponer unilateralmente las reglas y la oposición no tenía fuerza para hacerlo sola. La simetría obligó a negociar. Hoy, la asimetría no obliga a Morena a buscar acuerdos, y precisamente por eso el reto es mayor: demostrar que, incluso con mayoría, se puede construir consenso.
La democracia no se mide sólo por la limpieza del día de la elección, sino por la confianza en las reglas que la hacen posible. Cuando la percepción es que esas reglas favorecen a quien gobierna, la legitimidad se erosiona, aunque los comicios sean técnicamente impecables.
Sheinbaum enfrenta una decisión de largo alcance. Puede usar su mayoría para aprobar una reforma diseñada desde el poder o puede construir un consenso amplio que le dé legitimidad. La primera opción es más rápida y segura; la segunda, más difícil, pero con potencial histórico.
Ningún partido conserva el poder para siempre, pero sí puede dejar un sistema que le sobreviva. Las reglas que están por discutirse y aprobarse nacerán de un contexto específico, pero sus efectos se proyectarán sobre un futuro cuyo equilibrio de poderes siempre es incierto.
Morena tiene la oportunidad de elevar el estándar sobre cómo se hacen las reformas electorales en México. No se trata sólo de cambiar normas, sino de demostrar que, incluso con mayoría, se puede ceder para lograr un marco aceptado por todos. Si la reforma nace de un proceso cerrado, será vista como un capítulo más en la tradición de usar el poder legislativo para conservar el poder. Si nace del consenso, podría convertirse en un referente.
La legitimidad no se construye con discursos, sino con reglas que todos aceptan. Ése es el reto de la reforma que hoy encabezan Sheinbaum y Gómez. El desenlace mostrará si el Gobierno apuesta por la apertura real o por la comodidad del control. En ese dilema se juega no sólo una ley, sino parte del legado político del sexenio.
