Hace una semana supimos la terrible noticia de una matanza en Salamanca, Guanajuato, cuando un comando armado irrumpió en un campo de futbol donde se realizaba un partido amateur y abrió fuego contra los asistentes. El ataque dejó 11 personas asesinadas y varios heridos, muchos de ellos jóvenes y vecinos de la comunidad.
La pregunta es inevitable: ¿por qué vemos esta violencia ahí? No se trata únicamente de un problema local ni exclusivo del gobierno estatal. Es un fenómeno de delincuencia organizada que trasciende a las autoridades locales y tiene raíces profundas en la disputa criminal por el control de recursos estratégicos.
Las investigaciones sobre la matanza en Salamanca apuntan a que se trató de un ataque dirigido, relacionado con la disputa entre el Cártel Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación por el control territorial y, sobre todo, por el huachicol.
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El trasfondo de este ataque y de otros enfrentamientos en la región tiene que ver con el robo de combustible a través de ductos, además de otros puntos estratégicos de extracción ilegal.
Para perforar estos ductos se requiere información interna. Si los ductos están muy llenos, perforarlos es extremadamente peligroso por la presión, por lo que quienes roban combustible necesitan aliados que les indiquen cuándo hacerlo sin riesgo.
Desde hace años, en la región se vive una de las guerras más sangrientas del crimen organizado, pero no es una guerra tradicional por drogas. El conflicto principal se ha centrado en el robo y control del combustible, conocido como huachicol. Tan sólo el año pasado, el huachicol dejó ganancias estimadas en alrededor de 107 mil millones de dólares. Hace siete años se anunció que este negocio sería combatido de manera frontal, pero ocurrió exactamente lo contrario.
Hagamos memoria. Como se los contaba en su momento en este mismo espacio, días antes de que terminara 2018 y recién llegado a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador presentó una “estrategia” para acabar con el robo de combustible. En ese momento se dijo que las pérdidas por este delito ascendían a unos 60 mil millones de pesos y que, con ese dinero recuperado, se podría financiar una parte importante de la refinería de Dos Bocas. No se logró ni una cosa ni la otra. Las pérdidas por combustible robado no disminuyeron; por el contrario, crecieron de forma alarmante. De acuerdo con datos oficiales, este delito aumentó 117 por ciento respecto a 2017 y esa tendencia se mantuvo.
MASACRE EN SALAMANCA
La refinería de Dos Bocas no sólo no se pagó con el supuesto ahorro del combate al huachicol, sino que presenta un sobrecosto de al menos el doble de lo planeado y, hasta ahora, no procesa las cantidades prometidas de combustible.
A inicios de 2019, el país vivió una crisis que hoy parece olvidada. El 4 de enero, miles de personas enfrentaron filas interminables en las gasolinerías por compras de pánico. El combustible era escaso, estaba racionado y cargar gasolina podía tomar horas. La falta de abasto se prolongó durante semanas y se extendió a otros estados del país. Se dijo que había sido para combatir el huachicol; fue mentira, no se combatió, es más, se dejó crecer.
Uno de los grupos con mayor presencia en este negocio es el Cártel Santa Rosa de Lima, que opera tanto en Guanajuato pero también en estados vecinos, donde grupos criminales comenzaron a disputarse el control del huachicol y durante años la persecución federal fue mínima, lo que permitió que estas organizaciones se fortalecieran.
Hoy, dos organizaciones dominan la disputa: el Cártel Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación. El primero surgió alrededor de 2014 en el poblado de Santa Rosa de Lima, en el municipio de Villagrán. Su actividad principal fue el robo de combustible de los ductos de Pemex, aunque con el tiempo diversificó sus delitos hacia la extorsión, el narcomenudeo y el tráfico de drogas.
El Cártel Santa Rosa de Lima logró una ventaja inicial sobre otros grupos al construir una base social importante. Mientras robaba combustible, apoyaba a comunidades locales, lo que le permitió protección social durante años.
Su líder histórico fue José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, quien convirtió al grupo en una organización regional dominante. El CSRL no solo protegía tomas y rutas, también cobraba derecho de piso y controlaba redes locales de distribución, lo que le dio poder económico y territorial. En 2020, El Marro fue detenido por fuerzas federales. En 2022 fue condenado a 60 años de prisión y permanece en una cárcel de máxima seguridad. No fue extraditado a Estados Unidos, pese a ser requerido por autoridades de ese país. Aun así, su estructura criminal no desapareció.
El Cártel Santa Rosa de Lima mantiene presencia y se disputa del territorio con el Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más poderosas de México. Aunque el CJNG es conocido principalmente por el tráfico de drogas, ha encontrado en el robo de combustible un negocio altamente rentable.
El CJNG cuenta con una estructura más amplia y con mayores recursos, lo que le ha permitido expandirse para controlar tomas de combustible, rutas de distribución y otras actividades delictivas. Esta disputa ha generado una violencia extrema en municipios clave como Salamanca, Irapuato, Celaya y León.
En Guanajuato, la violencia se explica por la lucha directa por el huachicol. Lo ocurrido en Salamanca fue parte de ese control territorial: un ataque dirigido en medio de una guerra criminal donde, con frecuencia, personas inocentes quedan atrapadas.
Además del CSRL y el CJNG, existen otras estructuras involucradas. Células del Cártel de Sinaloa han tenido presencia marginal en logística y comercialización del combustible robado, a través de alianzas temporales. No controlan territorio, pero participan en la cadena y generan enfrentamientos.
También operan grupos locales y bandas huachicoleras independientes, muchas veces integradas por exmiembros del CSRL o estructuras familiares, que buscan beneficiarse del robo de hidrocarburos. El negocio millonario del huachicol y la disputa entre organizaciones criminales explica gran parte de la violencia actual en la zona. Es un conflicto que va más allá de la droga y se centra en el control de un negocio ilícito altamente rentable.
Durante todo el sexenio pasado, estos grupos fueron combatidos de manera muy débil, lo que permitió su fortalecimiento. Aunque la estrategia de seguridad actual es más frontal, haberlos dejado crecer explica las consecuencias que hoy estamos viendo.
Y aunque la estrategia de seguridad federal, hay que reconocerlo, ha cambiado y ha sido sin duda mucho más exitosa, el haber dejado a estos grupos fortalecerse durante todo el sexenio pasado explica las consecuencias que hoy estamos viendo.
