Fin de Legislatura

Ayer concluyó el último periodo ordinario de sesiones de la LXV Legislatura (2021-2024) del Congreso de la Unión. Es ocasión propicia para hacer un análisis de su desempeño. Más allá de los cambios de bancada esperables, y de las y los suplentes que pasaron a ser propietarias/os —algo natural en varios casos—, lo interesante fue la composición de los bloques. En el caso del Senado, como se renueva cada seis años, en principio se repitió la integración previa, con la notable excepción del Grupo Plural.

La pregunta más severa que se podría formular es: ¿fue la LXV una de las peores, o —dirían, tal vez, algunos— la peor Legislatura en la historia del Congreso mexicano, al menos desde 1917? No sería una interrogante temeraria. Habrá, por supuesto, distintas métricas, pero pareciera, de entrada, haber pocas luces y muchas sombras. De entre las primeras, quizá la más destacada fue la integración paritaria de la Cámara de Diputados, con los avances en la representación de las mujeres que eso implicó. Pero a nadie escapa que sucedieron varias cosas muy oscuras. Recuérdese, por ejemplo, el sainete en la elección, en el Senado, de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; el fracasado intento de reforma constitucional electoral de diciembre de 2022 y la posterior aprobación del llamado “plan B”, consistente en reformas legales en el mismo tema (2023), declaradas luego inconstitucionales por la Suprema Corte; así como un número considerable de otras reformas legales aprobadas por ambas cámaras que terminaron siendo declaradas inválidas por inconstitucionales por el Poder Judicial Federal, lo cual ha llevado a un estado constante de acoso político hacia éste por parte de sus pares Legislativo y Ejecutivo.

El 28 de abril de 2023, ocurrió lo que se dio por llamar el “viernes negro”, con la aprobación en el Senado, por parte de los partidos que apoyan al actual gobierno, nada menos que de 20 dictámenes, relativos a dos reformas constitucionales y 18 a leyes secundarias. Desde el fin de la vieja hegemonía priista en el Congreso federal (1997) no se había dado un caso semejante de uso de la “aplanadora legislativa” y, además, con serios cuestionamientos sobre el debido respeto al procedimiento legislativo, lo cual también, en algunos casos, llevó a posteriores declaraciones de inconstitucionalidad.

Asimismo, en el caso del Senado, poco lustre le da al festejo de su bicentenario el que no haya logrado procesar los nombramientos de los titulares de órganos constitucionales autónomos —de manera destacada, el INAI— ni de magistraturas en la rama electoral, violando así sus responsabilidades constitucionales. Especialmente grave resulta que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el órgano que se va a encargar de calificar nada más y nada menos que la elección del 2 de junio y declarar quién será la o el presidente electa/o, tenga actualmente sólo 5 magistrados y no los 7 que prescribe el texto constitucional.

Por otro lado, debe reconocerse que se aprobaron algunas reformas positivas para el país. Recientemente, por ejemplo, la prohibición de las denominadas “terapias de conversión” o “ecosig”. Pero, como en la fábula de la rana y el escorpión, nos dejan, al final de la Legislatura, tres reformas sumamente controvertidas, aprobadas sólo por los partidos que forman la mayoría, y cuya posible inconstitucionalidad resolverá la Suprema Corte: la desviación de una parte de los fondos de ahorros de pensiones, la supresión de algunos casos de declaratorias generales de invalidez en la Ley de Amparo y, por último, la posibilidad, en la Ley de Amnistía, de que el presidente de la República determine indultar reos de manera discrecional.