ABC

En diciembre de 1994, el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León tuvo a bien desmantelar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con la venia del Poder Legislativo mandó a retiro a los veintiséis ministros que la integraban. En el ánimo del ejecutivo imperaba, se dijo, la intención de “garantizar la independencia y autonomía del Poder Judicial, así como su correcto equilibrio”.

Antes de la reforma la labor de los ministros se distribuía en cinco salas. Hoy, la Corte se integra por once funcionarios cuyo desempeño se despliega en dos salas.

Los Ministros ya no “distraen su tiempo” en tareas administrativas. Ya no designan a Jueces y Magistrados, no proyectan presupuestos ni revisan circunscripciones territoriales. Esa función  le corresponde, ahora, al Consejo de la Judicatura federal.

Hoy toca a la Suprema Corte, aunque parezca a veces que le pese, desempeñar un papel político fundamental. No puede aislarse, ni aducir que su labor se “contamina” en el roce con el poder. En su calidad de defensora del orden constitucional  no sólo debe vigilar el cumplimiento de los preceptos que integran el texto fundamental, debe salvaguardar los principios que animan todo constitucionalismo  democrático: limitar, controlar a quien detenta el poder político en defensa de los derechos fundamentales del ciudadano.

Debiera, pues, transformarse en un auténtico contrapeso y atajar, en su competencia, las acciones u omisiones que entrañan violación a esos derechos.

Por eso resulta lamentable la decisión mayoritaria de la Corte en el caso ABC. Una vez más, los ministros le dieron la vuelta al ejercicio de sus propias facultades. El Ministro ponente, Arturo Zaldívar, pretendía dotar de contenido la facultad de investigación que posee la Corte conforme al artículo 97 de la Constitución, “para averiguar algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual”.

Un proceso atípico de investigación, decía el Ministro ponente que “no adjudicará responsabilidades penales, administrativas o civiles, pero sí constitucionales y políticas. No servirá para sancionar a las autoridades pero sí para señalarlas desde los valores de la constitución  y reprobarlas con ese peso”.

Sólo la corrupción imperante en el país explica lo que sucedió en esa guardería en la que perdieron la vida cuarenta y nueve niños. La corrupción de quien subroga sin verificar que se cumpla con los requisitos de la licitación, la de quien autoriza licencias de funcionamiento una vez que se mal subrogó. La del que se enriquece a costa de no cubrir los gastos de seguridad. La del servidor público que mira para otro lado.

Sólo una enorme corrupción puede explicar que se “habilitara”  como guardería para doscientos niños una “nave” industrial con techo de poliuretano, sin extintores suficientes, con detectores de humo inútiles, con puertas clausuradas y sin salidas de emergencia. Sólo eso explica a un “inspector” del IMSS que rinde su informe y dice que  “se cumple con la normatividad”.

La Corte da la vuelta y pese a su investigación decide no responsabilizar de ninguna forma, determina que no hay “desorden generalizado” en la subrogación de guarderías cuanto todo indica que las omisiones probadas en el asunto son fruto de la desidia, de la desorganización, de la burocracia. Desorden.

Y tampoco hay responsabilidad porque la “ley no permite” hacer uso de principios. ¿Y la democracia, y la libertad, y la dignidad?, ¿y qué viene a ser el Derecho vaciado de valores?

Me quedo con lo que afirmó  el ponente: “Así, aunque el dictamen que se emita no sea vinculante, eso no significa que no tenga consecuencias. Las tiene en el terreno de la ética y de la legalidad democrática. Las tiene como censura de la gravedad de las violaciones a los derechos fundamentales constatadas, como mensaje a todas las autoridades del país, para que sucesos de esta índole no vuelvan a acontecer… es un llamado a la sociedad y a las autoridades en el sentido de que es necesario un nuevo paradigma en la cultura política a efecto de entender, en la vida práctica y no sólo en el discurso, que ostentar un alto cargo público es más que un privilegio, una responsabilidad que debe honrarse todos los días”.

Una vez más, la Corte le tuvo miedo a su propio poder.

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