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Mara sobre los escombros

Por:
  • monica-garza

Septiembre fue sin duda un mes que cimbró a los mexicanos no sólo a consecuencia de los sismos que cobraron cientos de vidas, sino por ese otro fenómeno que también se las ha llevado ya por demasiados años, el feminicidio.

En medio de la difícil situación que vivían Chiapas y Oaxaca luego del terremoto del 7 de septiembre, el estado de Puebla atrapó la atención de la sociedad mexicana tras la desaparición de la joven estudiante Mara Fernanda Castilla, cuyo secuestro y muerte estremecieron al país entero.

“Después de haberla perdido y de ver cuántos casos de familia hay que han perdido a sus hijas y que no se ha hecho justicia o que no las han podido encontrar, y que día a día sigue pasando esta situación, obviamente sí voy a tratar de ayudar en todo lo que esté a mi alcance, y para que el nombre de Mara trascienda”… me dijo la madre de ésta, Gabriela Castilla, un día después de la marcha que movilizó a cientos de mujeres en la Ciudad de México, clamando justicia por Mara Fernanda y otras miles que han muerto a manos de un feminicida, ese fenómeno que en nuestro país, lejos de disminuir, crece y a últimas fechas especialmente en el estado de Puebla.

[caption id="attachment_646576" align="aligncenter" width="900"] FAMILIARES y amigos de Mara Castilla en Puebla, el pasado 16 de septiembre.[/caption]

La Fiscalía General de aquella entidad tiene el registro de 58 casos de feminicidio durante 2017 y asegura que todos son investigados bajo ese protocolo, sin embargo el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos registra 86 asesinatos de mujeres en lo que va del año en Puebla.

La muerte de Mara Castilla está entre esos 86 casos y es uno de los 18 en los que sí se ha detenido al responsable, pero siguen pendientes otros 65 de los que la Fiscalía General de Puebla no ha reportado ni avances.

Luego del sismo del 19 de septiembre —ocurrido 4 días después de que el cuerpo sin vida de Mara Fernanda fuera encontrado— las autoridades poblanas centraron su atención en el desastre y sus damnificados; mientras que otras muertes de mujeres con características de feminicidio se han ido sumando en el estado.

El 25 de septiembre fue hallado el cadáver maniatado y con huellas de violencia de Nazarea Iraís Simón Aguilar, profesora de bachillerato que una noche antes había sido reportada como desaparecida en redes sociales.

El 30 de septiembre la estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Mariana Fuentes Soto, de 20 años, fue asesinada de un disparo en la cabeza en un aparente asalto en la colonia Reforma Agua Azul en la ciudad de Puebla.

En este último caso, casi de inmediato el titular de la SSPTM de Puebla, Manuel Alonso García, reveló una segunda línea de investigación relacionada con supuestos problemas personales de la víctima con su asesino, que sería un hombre de 30 años que la acosaba.

La versión no ha sido confirmada y la investigación del caso sigue un curso brumoso, en el que como ya se ha vuelto costumbre en estos crímenes, no hay un solo detenido.

La semana pasada se presentó en el Senado de Puebla una solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de Género en el estado, respaldada por una petición formal por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

¿Qué estará pasando —o no pasando— en el estado de Puebla, que las listas de feminicidios al Gobernador Antonio Gali se le están saliendo tan radicalmente de las manos?

En el caso de Mara Fernanda Castilla se ganó al menos un pedacito de batalla el miércoles pasado cuando la Fiscalía del estado le imputó el delito de feminicidio a Ricardo Alexis, el chofer de la empresa Cabify y asesino de la joven.

Y es que “Feminicidio” es un término cuya aplicación con todas sus letras, siempre le cuesta demasiado trabajo a la justicia mexicana.

El caso de Mara, como el de Mariana Fuentes, el de la maestra Nazarea y  los de las otras 65 que siguen pendientes —y en calidad de impunidad— tan sólo en el estado de Puebla, han tenido la mala suerte de desenvolverse en medio del dolor de una contingencia nacional.

Pero eso no significa que esas mujeres deban quedar sepultadas bajo los mismos escombros del terremoto. Como sociedad no podemos, no debemos permitirlo.

¡Ni una más!