Transparencia contra corrupción
Rafael Rojas
A fines del año pasado el Ranking Global de Transparencia Internacional emitió su último informe en Berlín. Algunos países latinoamericanos —Venezuela, Haití, Paraguay, Nicaragua y Honduras— siguen ubicándose entre las naciones con administraciones públicas más corruptas del orbe.
Los datos podrían alentar las interpretaciones que asocian el ascenso de la corrupción a situaciones de crisis económica, falta sostenida de crecimiento o desigualdad estructural. Pero lo cierto es que el aumento de la corrupción en América Latina parece generalizarse en las primeras décadas del siglo XXI.
Pequeños países con economías crecientes, tradicionalmente bien evaluados en la materia, como Costa Rica, Uruguay y Chile, han experimentado ligeros repuntes en diversos índices de corrupción. Otros, como México, Perú, Brasil, Argentina y Colombia, se mantienen por encima o levemente por debajo de la media mundial, aunque escalando sostenidamente sus niveles de corrupción.
El crecimiento económico, si se acompaña de la fragilidad o la falta de autonomía de las instituciones del Estado de derecho, es un elemento que incentiva ese tipo de delitos en la administración pública o privada.
Es inevitable relacionar el aumento de la corrupción en América Latina, en los últimos años, y, sobre todo, la reproducción de escándalos que involucran a jefes de Estado o miembros de la clase política, con la consolidación democrática que se ha vivido en la región. La relación entre dinero y política, que estimulan las democracias, está en la raíz de ese repunte. Pero también la apertura de la esfera pública y el aumento de la transparencia, propios de las democracias, permiten que más casos de corrupción sean denunciados, se conviertan en escándalos ante la opinión doméstica e internacional y, eventualmente, lleguen a los tribunales.
El caso reciente del magistrado panameño Alejandro Moncada Luna es bastante revelador de ese nuevo conflicto entre transparencia y corrupción en América Latina. Desde mediados del año pasado la prensa panameña comenzó a hacer denuncias sobre el enriquecimiento injustificado y posibles falsificaciones de documentación oficial por parte de este titular de la Corte Suprema, durante la pasada presidencia de Ricardo Martinelli. Las denuncias de la prensa panameña motivaron una investigación del Poder Judicial que arrojó que el magistrado habría cometido esos y otros delitos más graves, como blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos.
En medio de una incautación de bienes y a punto de ser procesado por esos cuatro delitos, que le imputarían una condena de, por lo menos, 60 años de cárcel, Moncada Luna se declaró culpable de dos de los cargos —enriquecimiento injustificado y falsificación ideológica— e inició una negociación que lo inhabilitará como magistrado, pero que le reducirá la pena de cárcel a unos cinco años de reclusión. Importantes sectores de la opinión pública panameña han reaccionado contra el arreglo, que entienden como parte de la misma trama de corrupción, pero reconocen que la llegada del caso a la justicia es un triunfo del periodismo y de la transparencia en ese país centroamericano.
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