México vs. fabricantes de armas… ¿demagogia?

El 23 de marzo de 2017, la periodista Miroslava Breach murió baleada afuera de su casa en Chihuahua y el arma con la que fue asesinada era una Colt calibre .38, una edición especial con el rostro de Emiliano Zapata y que tenía grabada la frase “Es mejor morir de pie que vivir de rodillas”… Un arma ilegal, procedente de Estados Unidos.

Este es uno de los ejemplos plasmados en la denuncia de 139 páginas que hace unos días el Gobierno de México presentó ante una corte federal de Massachusetts, contra 11 compañías fabricantes de armas, 7 de las cuales produjeron el 68.4 por ciento de las armas recuperadas en crímenes violentos en nuestro país.

Y es que en México, más de 3.9 millones de crímenes al año se cometen con armas fabricadas en Estados Unidos, que en su mayoría fueron introducidas de manera ilegal a nuestro territorio.

Se estima que 597 mil armas ingresadas de manera ilícita, provienen de los fabricantes y comercializadores señalados en la demanda, y cuyas ganancias rondan los 170 millones de dólares anuales.

La demanda presentada por el Gobierno de México es un hecho inédito, pero con precedentes. Existe un antecedente en particular ocurrido en 2010, durante la administración del presidente Felipe Calderón, que resulta interesante por los varios misterios que lo rodearon.

El entonces subprocurador jurídico y de servicios internacionales de la extinta Procuraduría General de la República, Dr. Jorge Lara, preparó en aquella época un expediente con el fin de generar una demanda similar a la actual.

Se buscaba un recurso legal que permitiera combatir la problemática del tráfico de armas, en un momento en el que en México el número de muertos no hacía más que crecer.

Fueron dos firmas de abogados norteamericanas, Reid Collins & Tsai y Berg Associates, quienes abrieron en aquel 2010 la posibilidad de hacer una denuncia legal, porque ya tenían una experiencia previa, y el asunto se manejó con la más estricta discreción en México y en los Estados Unidos:

“Yo era muy franco con mi contraparte. Diario hablaba con ellos, con Armando Santos del Departamento de Justicia, pero hay algunos temas que tienes que guardar y este tema nunca lo toqué con ellos”, me dijo Jorge Lara, hace unos días.

“Había daños en México específicos, donde soldados, policías y ciudadanos mexicanos estaban siendo asesinados y se podía acreditar que habían muerto por un arma vendida en una armería sin control y sin cuidados mínimos por parte del comercializador”.

Para llevar a cabo aquella demanda, en ese entonces se hicieron alianzas incluso con el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, quien era considerado uno de los principales líderes anti armas en los Estados Unidos.

Pero cuando la demanda ya estaba robustecida y en buena ruta, en México vino un cambio en la PGR. El procurador general Arturo Chávez Chávez renunció a su cargo y fue designada para sustituirlo Marisela Morales, y casi de manera simultánea, ocurrió una filtración a los medios sobre la demanda que preparaba el Gobierno de México contra armerías estadounidenses:

“Sale la de ocho: ‘México demanda a Armería norteamericana’ y entonces se viene el mundo encima. Viene la lluvia de solicitudes de explicaciones, porque era un asunto que tenía yo bajo cartera”, me cuenta Jorge Lara, —con la sospecha de que la filtración fue producto de un conflicto entre los abogados involucrados, en un tema de cobranza—.

Sin embargo, desde el poder legislativo hay quien hoy recuerda en ese capítulo, a la PGR bajo el mandato de Marisela Morales, como la responsable de haber detenido aquellas acciones.

De acuerdo a lo publicado, las autoridades del gobierno de Barack Obama nunca se manifestaron incómodas ante aquella demanda, sobre todo porque la denuncia se centraba en una responsabilidad civil, —lo que está siendo retomado en la demanda actual—, un reclamo no penal sino diplomático, con miras a una reparación del daño que podría alcanzar los 10 mil millones de dólares

En 2010 la historia de la demanda terminó sin trascender. Luego de filtrarse la información a la prensa, las acciones se fueron diluyendo hasta desaparecer, junto con quienes la habían preparado sigilosamente, pues la mayoría fueron removidos en 2011 por la entonces procuradora.

La demanda anunciada esta semana por el canciller Marcelo Ebrard contra armerías norteamericanas es totalmente justa en función de nuestras leyes, pero eso no significa que esta vez vaya a tener éxito. Desafortunadamente es muy probable que quede más en el terreno de la demagogia, que de la justicia, diluyéndose como en las experiencias anteriores.