Zaldívar ofrece imparcialidad a 31 científicos acusados por FGR

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, se reunió con académicos y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCYT), acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, a quienes les ofreció que jueces actuarán con imparcialidad.

El encuentro, dio a conocer la Corte a través de un comunicado, se produjo a solicitud de los académicos señalados por la Fiscalía General de la Repúbica (FGR).

En la reunión, la Corte reiteró que el Poder Judicial seguirá actuando con independencia e imparcialidad en el cumplimiento de su deber y aclaró que durante el encuentro, Zaldívar escuchó y atendió con respeto las inquietudes y peticiones de los académicos del Conacyt.   

Ayer, un juez confirmó que los 31 científicos y exfuncionarios que integraban el foro operaron bajo las reglas previstas en la ley, motivo por el cual los 244 millones de pesos que utilizaron de 2013 a 2019 está amparado en la legalidad. 

Por otro lado, la FGR no apeló la resolución, por lo que ahora el Ministerio Público deberá elaborar una nueva petición.

Casi 40 minutos después de que se diera a conocer la reunión del ministro Zaldívar con los académicos del Conacyt, el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez se refirió al caso en sus redes sociales, donde aseguró que el Foro Consultivo, fundado en 2002, presionó para recibir más recursos.

En un hilo de seis mensajes en Twitter, Ramírez señaló que académicos recibieron en 16 años 571 millones de pesos, de los cuales sólo usó 100 millones para proyectos de ciencia y tecnología, y lo demás fue para gastos operativos. Además, aseguró que el Foro gastó 471 millones de pesos en tintorería, comidas, viajes y salarios. Y manifestó que

“El 1 de diciembre de 2018, el Gobierno federal cambió las reglas de financiamiento; el Foro presionó para recibir 33 millones de pesos del Conacyt habiendo ejercido ya 16 millones, adjudicados desde la administración de Enrique Peña Nieto”, añadió.

Jesús Ramírez indicó que el proceso jurídico se prolongó en tribunales hasta llegar la Suprema Corte y ésta falló en contra del Foro en julio de 2021 y señaló: “no es posible que una entidad privada se articule funciones públicas por iniciativa propia y sin la intervención del poder público”.

Agregó que ahí fue dónde inició el conflicto, porque el Conacyt inició mesas de diálogo con el Foro Consultivo y lo invitó a participar en las convocatorias y en los proyectos de investigación para apoyar su trabajo; “el Foro se negó y comenzó una estrategia política y jurídica, y se amparó ante un juez”, dijo.

“A partir del fallo de la SCJN los miembros del Foro Consultivo demandaron al Conacyt y a Elena Buylla. Durante el proceso judicial, se evidenciaron posibles actos que pudiesen implicar daño patrimonial a la nación y la FGR inició investigaciones al respecto”, destacó.

No obstante, el vocero presidencial aseguró que las acciones que emprenda la FGR contra los investigadores del Conacyt no son responsabilidad ni atribución del organismo ni su directora, María Elena Álvarez-Buylla, que no tiene causa legal en contra.

El funcionario señaló que el Gobierno federal no persigue a científicos ni a nadie, “pero no será cómplice de actos que dañen el patrimonio del pueblo mexicano”, advirtió.

EGC